Hace un par de años una madre soltera, empleada de una empresa privada y ajena al estudio de los asuntos públicos, preguntó en una conferencia para qué le servían la transparencia y el acceso a la información. Ya han pasado poco menos de dos décadas que era imposible saber cuánto ganaban los servidores públicos; adentrarse al tenebroso y opaco mundo de millonarias partidas secretas; saber qué sucedía en un congreso federal o estatal, más allá de publicaciones oficiales; o entender lo que pasaba en un esotérico poder judicial. Gran parte de ello se sabe por la misma razón: transparencia y acceso a la información pública. Aunque claro, sería ilusorio negar la existencia de muchos retos hacia adelante para hablar con plenitud de la transparencia. Desde partidas presupuestales que carecen de reglas claras de operación o cuya administración se ve menos seria que la contabilidad de la tiendita de la esquina; poderes legislativos que, si bien invitan a la ciudadanía a participar, esa apertura se oye, pero no escucha; poderes judiciales que entienden los retos y soluciones que necesitan, pero la realidad del acceso a la justicia sigue mostrando una cara abismalmente distinta a la gente; en fin, mucho por hacer aún.
Recientemente se puso en la mesa la opción de desaparecer al órgano responsable de garantizar el derecho humano de acceso a la información, el INAI. Una discusión que invocará posturas diversas y válidas, todas, si de lo que se trata es modificar o hacer ajustes a las instituciones para mejorarlas. Es parte natural de las funciones de cualquier Estado para adecuarse a necesidades que dicta un contexto cada vez más dinámico. Sin embargo, proponer esas decisiones cuando no se ha podido al menos mostrar una ruta clara ante una crisis de salud que rebasa los 130 mil fallecimientos, hospitales saturados, incertidumbre de vacunas y que puede llegar a convertirse en una de las peores páginas de la historia mexicana; una inseguridad con niveles exorbitantes de homicidios y delitos que evidencian una rampante impunidad; una economía en franca caída con cientos de miles de empleos perdidos y decenas de miles de negocios cerrando, no hacen más que sugerir que se trata, en el mejor de los casos, de un capricho, en el peor, de signos de un regresivo cambio de régimen.
La madre soltera que hizo la pregunta en la conferencia aprendió poco tiempo después a hacer solicitudes de información para conocer qué programas y beneficios tenían las madres trabajadoras en su entidad. Accedió a ellos y aprendió que la transparencia y el acceso a la información son esenciales para el ejercicio de otros derechos fundamentales que contribuyen a generar condiciones de seguridad humana.
* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.
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