Hace diez años Juan, un empleado que gana poco más del salario mínimo, salió temprano de su oficina el día de pago para ir al médico particular. Tenía malestar por su padecimiento de presión arterial. Camino a la estación de camiones, no hacía más que maldecir las condiciones de las calles de su ciudad, con baches, baquetas a medias y falta de iluminación que además hacía inseguro su camino. Una vez en el camión, prefirió no sacar su celular por aquello de los asaltos y mejor se puso a leer los papeles que traía. Ahí se percató que en su recibo de pago le descontaron un poco más por concepto de impuesto a la nómina. Lo único que exclamó fue “y además tengo que pagar pasaje extra, mi consulta y medicamentos”. Una amiga le dijo que ese aumento era porque estaba pagando los platos rotos de las finanzas de su estado. A lo que Juan no hizo más que vacilar.
Como Juan, mucha gente se quedaba con la duda de por qué veía cambios como ese que le impactaban directamente en su bolsillo. Derivado de esos cuestionamientos y de la mano de un joven derecho de acceso a la información pública, organizaciones y academia se dieron a la tarea de profundizar en el entendimiento y la explicación de situaciones como esa para las que en esos días no había respuesta clara. Resultó pues que la entidad donde vivía Juan atravesaba una crisis en sus finanzas públicas. Y aunque a principio hubo mucha resistencia por transparentar, al final se obtuvo información oficial y documentada que reveló cómo es que esa entidad aprobaba un presupuesto de egresos anual menor a lo que realmente gastaba y ese faltante se tenía que pagar de algún lugar. Situación que llevó a la entidad al camino de la contratación de deuda pública, pero que eventualmente también se tendría que pagar, haciendo crecer una bola de nieve en los compromisos financieros. Ante la necesidad de más dinero, porque ya no alcanzaba, se tomaron decisiones como subir el impuesto a la nómina. Así es como se le pudo explicar a Juan que su amiga tenía razón, que él como muchos más pagaban los platos rotos de las finanzas públicas y más aún, le permitía entender por qué no había dinero para atender los deficientes servicios públicos en su entidad. Comprender lo anterior hubiera sido imposible sin el surgimiento y evolución de la transparencia y el acceso a la información pública.
Actualmente, el país está ante, no la desaparición de un derecho en papel, sino una transformación que implica la desaparición de órganos garantes al amparo del argumento de la eficiencia. Un cambio que pondrá en riesgo uno de los grandes logros en la historia reciente de la democracia mexicana, que ha permitido a la ciudadanía contar con argumentos para legitimar o no el quehacer gubernamental.