En algún momento se dijo que ahora sí, que este siglo sería testigo en la consolidación de la función judicial del Estado como la más sólida. Esto, debido a que tanto la función legislativa como la ejecutiva estaban históricamente agotadas. Sin embargo, eso no será al menos por ahora en México. Durante el actual cierre de sexenio se han consolidado diversas reformas que impactarán durante los próximos años el desarrollo del país. Una de ellas es la reforma al poder judicial que ha sido reconfigurado al amparo de cambios como la elección popular de jueces, magistrados y ministros; otra, la transición de la función civil de seguridad pública hacia una cuya naturaleza es preponderantemente la contención de riesgos de Estado, la fuerza castrense; y otras más que han comenzado a hacer ruido como la transición del gremio notarial a la esfera de la prestación de servicios públicos, o la reforma al sistema de procuración de justicia.
Al margen de que no hay duda en la necesidad de mejoras para todas esas áreas y sin pretender abordar los pros y contras, muchas personas todavía no asimilan (o aceptan) la película completa: hay nuevo régimen. Basta ver los cambios realizados a nivel institucional, burocrático y normativo. Y se diga lo que se diga o se haga lo que se haga, las próximas generaciones vivirán el impacto de todos las modificaciones que actualmente vive el país. Ahora bien, con independencia de los cambios que se hagan y sigan haciendo, México no debe permitir que se apague la participación de sus voces críticas y propositivas. Aquellas que desde diversas trincheras inducen a la estructura social a vincularse con la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas que le permitan entender si se cuenta o no con argumentos legitimadores del quehacer público, que le permitan discernir si se trata de un verdadero actuar del Estado o más bien de demagogia. Voces críticas fundamentales en una época en la que la ciudadanía ha demostrado el papel que puede llegar desempeñar como un verdadero contrapeso organizado y en la consolidación de esa gobernanza emergente tecnológica que ya en muchas ocasiones ha mostrado ser más eficaz que el mismo Estado.
El próximo 1 de octubre el país vivirá un día histórico con la toma de protesta de la primera presidenta mexicana. Una estafeta presidencial con características de poder como no se había visto. La futura presidenta sabe su trabajo, sus retos, su nuevo régimen y nuevas reglas para desempeñar su papel. La ciudadanía debe pensar igual.