De todo el sistema de relojería constitucional de pesos y contrapesos entre Poderes, donde, además del tripié conformado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se han ido sumando otras piezas en la balanza, como los órganos constitucionales autónomos (OCA), los factores reales de poder (gobernadores, empresariado, sindicatos, medios de comunicación) y los grupos de interés (Iglesias, asociaciones de profesionistas, etc.), el equilibrio más cuidadoso y delicado es el de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial.
En nuestro país, esta relación transitó desde los desencuentros del siglo XIX, cuando se llegó a hablar de una “dictadura judicial”, hasta el sometimiento al Ejecutivo en la época del porfiriato y del llamado “priato”.
Estoy convencido de que ninguno de esos dos extremos conviene al país, a la democracia y a la protección de los derechos humanos de la población, por lo que el reto es guardar el equilibrio, la armonía y la coordinación entre ambos Poderes para que el reloj de la vida democrática no se detenga o descomponga.
¿Cómo se alcanza esto? Por una parte, el Poder Judicial dispone de los recursos de control de la Constitución, donde el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son armas poderosas de contrapeso.
Sin embargo, hay un tema insuficientemente resuelto en México, que es el de los mecanismos de control y responsabilidad del Poder Judicial. ¿Quién enjuicia a un juez? ¿Quién y cómo se castiga a las y los jueces, magistrados y ministros que incumplen con sus obligaciones?
Las legisladoras y los legisladores estamos sometidos a una serie de controles, fiscalizaciones y observaciones por parte de los otros Poderes: el más grande es la pérdida del fuero, mediante un juicio legislativo, y la llamada “prueba de las urnas”, a través de la cual la ciudadanía puede revocar, de una elección a otra, el mandato concedido.
El Ejecutivo federal, a su vez, tiene controles y mecanismos de rendición de cuentas, tanto endógenos como exógenos, los cuales, con las reformas promovidas en los últimos cuatro años en materia de destitución por causas de corrupción y la posibilidad de revocarle el mandato, lo han convertido en el Poder más vigilado, fiscalizado y sometido al escrutinio público en la historia reciente. No afirmo que sea el más débil o vulnerable de los tres Poderes básicos, pero sí el más fácilmente enjuiciable, en función de los recursos que están a disposición de los otros Poderes y de la ciudadanía misma.
No puede decirse lo mismo del Poder Judicial, cuyos mecanismos de control y rendición de cuentas son exclusivamente endógenos (internos), ya que las instancias de enjuiciamiento son el Consejo de la Judicatura y la misma Suprema Corte de Justicia, sin participación de ninguna otra instancia. Las garantías de inamovilidad laboral, remuneración suficiente, poder disciplinario y carrera judicial otorgan a un juez o jueza seguridad, independencia y autonomía en su encargo, pero también lo vuelven altamente impermeable a la rendición —social y ciudadana— de cuentas.
Ser juez y parte vuelve nugatorio cualquier acto de justicia. Esto, que ya es verdad para el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no debería serlo también para el Poder Judicial? Por cierto, no es problema privativo de México.
Ricardo Monreal
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