En México, en los tiempos del partido único, los cambios de gobierno siempre venían acompañados del deseo del mandatario entrante por distinguirse de quien le entregaba el poder. A pesar de ser correligionarios, integrantes del mismo partido y en la mayoría de las ocasiones ex colaboradores del gabinete saliente, los nuevos inquilinos de Los Pinos, la otrora residencia oficial, llegaban con la urgencia de mandar un mensaje claro: “Yo no soy como el que se va”.
Solo como ejemplo, cuando Adolfo Ruiz Cortines tomó posesión del cargo, una de sus primeras acciones fue presentar una iniciativa de ley para que cualquier funcionario público estuviera obligado a manifestar sus bienes y para que se pudiera investigar de oficio cualquier caso de enriquecimiento inexplicable. Como demostró la historia, no era que el mandatario tuviera una verdadera intención de erradicar la corrupción —al final, la ley nunca se llegó a aplicar—, sino que la acción estaba dedicada a marcar un distanciamiento respecto a su antecesor, Miguel Alemán, con la finalidad de concentrar el poder que en ese entonces otorgaba la máxima magistratura.
Después vinieron otros jefes del Estado mexicano, los cuales aseguraban que acabarían con la corrupción que sus correligionarios habían practicado tan vehementemente. En los hechos, lo que sucedió en el país fue una concatenación en la que cada eslabón cuidaba al anterior, porque se sabía muy bien que, si uno caía, todos lo harían.
Esta cadena de complicidad se rompió en 2018, cuando en México inició un verdadero cambio de régimen sin miramientos para desterrar de nuestro sistema político a la corrupción. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Legislativo ha coadyuvado para hacer de esa práctica un delito grave en el país, e incluso es ahora repudiada moralmente al interior del servicio público: ya no es entendida como algo cultural. Esa modificación se tendrá que profundizar en los próximos años, junto con los mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y resarcir los daños de este ilícito.
Se debe aceptar que al ser la corrupción un fenómeno que se desarrolló durante más de un siglo, exterminarla para dar paso a una nueva realidad de la vida pública aún tomará tiempo; sin embargo, lograrlo es uno de los objetivos centrales del actual gobierno y, por ello, el titular del Ejecutivo federal ha decidido que será el tema central durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la cual asistirá el próximo 9 de noviembre.
Al momento de escribir estas líneas, México ya asumió la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual ocupará durante todo el mes de noviembre, cuando se realizarán tres eventos insignia: el primero será un debate sobre corrupción, desigualdad, inclusión y conflictos armados, conducido por el mandatario de nuestro país, y los otros dos versarán sobre el tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras y su impacto en la seguridad internacional, así como en torno a la colaboración y coordinación entre los órganos principales de la ONU y cómo hacer más efectiva su labor preventiva en la agenda de paz y seguridad internacionales.
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