La nueva dirigencia de Morena, con la compañera Ariadna Montiel presidiendo, enfrenta varios retos rumbo al proceso electoral del próximo año: garantizar la cohesión interna del movimiento, consolidar su implante territorial a lo largo y ancho del país, encauzar a sus más de 10 millones de afiliadas y afiliados (ningún partido en América Latina tiene este padrón de carne y hueso) a través de comités seccionales, municipales y estatales, pero también vincularse orgánicamente con los llamados nuevos electores, que son las juventudes del país, las clases medias emergentes y algunos sectores empresariales estratégicos que, lejos de salir perjudicados con la política económica de la 4T, han resultado beneficiados y están siendo tomados en cuenta en el diseño e instrumentación de la política económica de la transformación.
En lo inmediato, sin embargo, el movimiento se enfrenta a dos desafíos que no debemos minimizar: por un lado, la mayor embestida política de la derecha internacional contra un gobierno democrático, nacionalista y humanista de izquierda, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum; por otro, el riesgo de la infiltración del crimen organizado en las candidaturas del movimiento en los comicios por venir.
La embestida de la derecha internacional tiene que ver con la llamada doctrina Donroe o Escudo de las Américas, que se apoya en la geopolítica de la seguridad continental para confrontar, perseguir y desplazar a los gobiernos y movimientos nacionalistas de izquierda en América Latina (etiquetándolos como narcoterroristas), a fin de impulsar a gobiernos y candidatos(as) afines a las posturas del conservadurismo internacional.
Esta embestida es conocida como “golpes blandos” y fue diseñada en los años noventa del siglo pasado por la CIA, a fin de desestabilizar y minar gobiernos nacionales sin tener que acudir a intervenciones militares directas o golpes de Estado con el uso de tanquetas.
El “neogolpismo” utiliza mecanismos judiciales (lawfare), mediáticos (redes sociales, sobre todo) y parlamentarios (legalización y exportación de medidas injerencistas para combatir amenazas terroristas) para derrocar a gobiernos o mandatarias y mandatarios popularmente electos. El lugar de los militares lo ocupa ahora un comando de fiscales, jueces, policías encubiertos y testigos protegidos que arman expedientes ad hoc. Algunos ejemplos de este modus operandi son la destitución de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012), Dilma Rousseff en Brasil (2016), Pedro Castillo en Perú (2022) y Nicolás Maduro en Venezuela (2026).
La segunda amenaza, la infiltración del crimen organizado, es más determinante que la anterior, porque justo da paso a la actuación de los “neogolpistas”. Como señaló en su discurso inaugural la nueva presidenta de Morena, el movimiento tiene que cerrar el paso sin titubeo alguno a las candidaturas del crimen organizado. Este fenómeno es propio de la época del Prian, y Morena debe cortar de tajo con estos perfiles, “aunque ganen encuestas”, como certeramente lo señaló la nueva dirigente del movimiento.
Morena puede y debe seguir gobernando y ganando elecciones sin necesidad de vender su alma al diablo. Así como la 4T logró la hazaña de separar el poder político del poder económico, ahora puede y debe separar el poder político del poder criminal. Esta sería nuestra mejor defensa de la soberanía frente a la embestida de la derecha y el conservadurismo internacionales.