Las redadas contra migrantes del pasado viernes en Los Ángeles, California (Estados Unidos), pusieron en alerta a la amplia comunidad migrante latina de esa ciudad, a las autoridades estatales y a los alcaldes de los condados adyacentes, dado los antecedentes históricos y las acciones de resistencia civil que los grupos de diverso origen étnico han desarrollado en esta área.
De inicio, el 40 % de la población residente en LA es de origen migrante, mayoritariamente mexicano. El 90% de nuestras y nuestros compatriotas residentes en el condado tiene más de cinco años de vivir en el área. Y, junto con las comunidades de connacionales en los estados de Illinois y de Texas, son los mayormente organizados y preparados —jurídica y políticamente— para responder a estas redadas, que se han hecho sin respetar el debido proceso que rige a las deportaciones.
LA es una ciudad con antecedentes de resistencia y movilizaciones importantes de protesta contra la violencia racial y la brutalidad policiaca, tanto de población negra como latina y asiática.
Recordemos los disturbios de 1992, que durante dos meses se produjeron por la exoneración de cuatro policías que aplicaron exceso de fuerza en la detención del afroamericano Rodney King, quien, ya sometido y arrodillado, recibió golpes contusos en la cabeza, rostro y pecho, con pistolas eléctricas y porras, hasta desvanecerlo en el pavimento. Las movilizaciones causaron la muerte de 63 personas, 2 mil 383 heridos y decenas de detenidos, y solo fueron sofocadas con la intervención de la Guardia Nacional y de los marines, mismos cuerpos de seguridad que fueron movilizados en estos días sin la autorización del gobierno local de California, como lo mandata la ley.
En el siglo pasado, LA vio crecer la lucha sindical de trabajadores agrícolas de origen hispano, como la Unión de Campesinos, de César Chávez y posteriormente de David Huerta, que de inmediato pasaron de la defensa de derechos laborales al reconocimiento de los derechos ciudadanos de las personas latinas, a través de organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
Y qué decir de las asociaciones de defensa de migrantes de Asia (especialmente de origen coreano y chino), que también han tenido un papel activo en la promoción y defensa de los derechos laborales y cívicos de sus connacionales.
LA es el prototipo de “ciudad santuario” de personas migrantes no recién llegadas a EU, sino de las ya integradas o en proceso de integración. Por eso el fundado temor y protesta del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass —ambos del Partido Demócrata—, solicitando detener estas redadas antimigrantes.
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado a la altura de la situación. De entrada, recordó que el tema migratorio no se resuelve con redadas ni con el uso de la fuerza. Rechazó las protestas violentas y la quema de vehículos como forma de resistir a las deportaciones y movilizó a la red de protección consular para asistir jurídica y humanitariamente a nuestras y nuestros connacionales deportados (que hasta ayer sumaban más de 40).
El gobierno estadunidense tiene el derecho de aplicar en su territorio las medidas migratorias que considere pertinentes, pero también tiene la obligación de hacerlo con apego al derecho y a las convenciones internacionales en la materia. Y en México tenemos la obligación de defender con esas mismas armas jurídicas y diplomáticas a nuestras y nuestros connacionales; a no dejarlos solos.