Presentación el 28 de marzo pasado del tercer informe sobre el caso ocurrido en 2014. Araceli López
Han sido asesinados veinte testigos clave para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Así lo dio a conocer el jurista chileno Francisco Cox durante la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el pasado lunes 28 de marzo.
El caso más público es el de Juan Salgado Guzmán, conocido como El Indio dentro de la organización criminal Guerreros Unidos. El jueves 23 de septiembre de 2021, mientras circulaba en un taxi en las calles céntricas de Metepec, Estado de México, fue masacrado con más de veinte tiros.
Las personas responsables de esta muerte eran funcionarios públicos adscritos a la Fiscalía General de la República, quienes en sus declaraciones afirmaron haber repelido una acción violenta de Salgado Guzmán que, según la evidencia disponible, sería imposible de probar.
A este testigo del caso Ayotzinapa lo ultimaron, muy probablemente, con el propósito de silenciarlo y los autores no fueron sicarios de una banda criminal contraria sino servidores públicos que dispararon el gatillo.
Un mes antes, el lunes dos de agosto, perdió también la vida Mario Brito, otro integrante de Guerreros Unidos cuyo conocimiento sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero – la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014– también habría arrojado luz sobre el paradero de los normalistas.
A estos dos nombres se suman otros dieciocho que han sido eliminados quirúrgicamente para borrar huellas, entorpecer la investigación e impedir que se descubra la verdad, o más precisamente, que se desmantele una mentira, en palabras también del GIEI, construida desde las más altas esferas del Estado mexicano.
Aunque se conoce el número, no es pública la lista completa de personas eliminadas por ser testigos clave del caso. Sin embargo, se sabe que no solamente perdieron la vida personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. Entre esas veinte víctimas hay también ministerios públicos que participaron en las primeras diligencias y otros funcionarios cuyo involucramiento en las investigaciones consta a lo largo del expediente judicial.
Es decir que no sería válida la hipótesis del ajuste de cuentas entre delincuentes, porque la muerte también ha visitado la casa de servidores cuyo testimonio era fundamental y quizá por ello pagaron con su vida.
Durante la presentación del tercer informe del GIEI prácticamente todos los reflectores de la opinión pública se detuvieron en las imágenes proporcionadas por la Secretaría de Marina donde se aprecia que, el lunes 27 de octubre de 2014, personal de esa misma dependencia participó en la manipulación de la supuesta escena del crimen en el basurero de Cocula.
El video obtenido por un dron que sobrevoló la zona provocó un gran escándalo porque confirmaría que la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa fue fabricada por funcionarios del Estado mexicano ubicados en los escalones más altos.
En otras palabras, corroboraría que el Estado fue cómplice, no solo de la desaparición de los estudiantes, sino también de las estrategias de distracción diseñadas deliberadamente para engañar a los padres de las víctimas, a la opinión pública y, sobre todo, a las personas responsables de impartir justicia.
Trascurrió, sin embargo, sin despertar el interés que merecería, esta otra vertiente de complicidad relativa a una suerte de “limpia” de testigos que, de haber declarado ante la autoridad, habrían ayudado a resolver la incógnita del paradero de los estudiantes.
No es posible afirmar que esa ola de mortandad tenga como sicario a una misma persona u organización, pero las circunstancias de la muerte de Salgado Guzmán intrigan de manera justificada.
¿Por qué la saña a la hora de quitarle la vida a este sujeto? ¿A quién más quería enviarse el mensaje? ¿Por qué los perpetradores fueron agentes de policía pertenecientes a la FGR? ¿Por qué mentir con el argumento de que perdió la vida en una refriega cruzada cuando la víctima no hizo nada que justificara la sobrerreacción de las autoridades?
No es posible, a partir de este solo caso, extraer una teoría general que explique la operación de limpia contra los testigos de Ayotzinapa. Pero este evento demostraría que, además de las organizaciones criminales, hay otras voluntades que igualmente quieren silenciar a quien podría aportar información sobre las investigaciones.
Algunos de estos testimonios habrían sido importantes para completar las pesquisas en curso, pero otros eran cruciales para judicializar algunas de las denuncias pendientes para combatir la impunidad.
Este fue otro de los argumentos expuestos por el GIEI el lunes pasado. Quienes siguen conspirando para que el caso Ayotzinapa naufrague tras la niebla de la mentira, no solamente buscarían apartar la verdad del ojo público sino también de los tribunales que, para juzgar, necesitan de pruebas y testimonios contundentes e incontrovertibles.
Al parecer, a siete años y medio de aquella tragedia, hay quienes, protegidos por poderes inconfesables, continúan maquinando acciones para descarrilar la solución definitiva de este expediente histórico.
Estos hechos alimentan inevitablemente la paranoia: hay evidencia de que todavía hoy, a pesar de existir voluntad política desde la presidencia de la República, hay actores incrustados en distintas esferas del Estado mexicano que protegen a los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas.
Todavía más sorprendente es que, fuera de los circuitos gubernamentales, haya también periodistas y voces de la sociedad civil que empatizan descaradamente con los perpetradores, mientras desprecian a las víctimas.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael