Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 48 por ciento. De acuerdo con los datos oficiales, México pasó de 86.9 a 45.4 casos diarios. Hacía once años que no se veía una cifra así: en 2015 el promedio rondaba los 49 asesinatos al día. El peor año fue 2020, y desde entonces la gráfica marca una tendencia a la baja que, afortunadamente, se habría pronunciado a partir de 2024.
¿Cómo explicar este fenómeno? Dos interpretaciones, más políticas que estadísticas, dominan la discusión de los especialistas. De un lado, los defensores del oficialismo atribuyen los resultados a la política de seguridad que, a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum, conduce el secretario Omar García Harfuch. Del otro, la oposición al régimen morenista argumenta que la reducción podría deberse a la manipulación de las carpetas de investigación para reclasificar los asesinatos, contabilizándolos, por ejemplo, como homicidios culposos o muertes accidentales.
Si bien ambas hipótesis merecerían un análisis más detenido, ninguna por sí misma ofrece una explicación robusta de la drástica caída de este fenómeno criminal.
Si fuese cierto que la conducción de la política criminal, encarnada en el secretario federal de Seguridad, es la respuesta al cambio de tendencia, ello querría decir que, ante una hipotética ausencia de García Harfuch, la cifra de homicidios dolosos se multiplicaría de nuevo. Por más talentos que tenga el personaje, una sola persona no puede ser la única variable a considerar; sobre todo cuando el descenso de la curva, aunque se aceleró en 2024, en realidad ya se observaba desde 2021.
Tampoco resulta creíble que una reducción de casi la mitad de los asesinatos diarios pueda explicarse por la tergiversación de las investigaciones realizadas por las fiscalías locales. Maquillar cada año diez mil homicidios dolosos para que parezcan otra cosa es poco verosímil.
Apostando por la seriedad y el rigor, sería más sensato asumir que una serie de variables se ha conjugado virtuosamente para reducir la mortandad criminal en el país. A sabiendas de que el espacio de esta página es insuficiente para desarrollar a profundidad cada argumento, me atrevo a enumerar cinco hipótesis cuyo concierto daría cuenta del resultado: 1) la multiplicación de la fuerza pública del Estado sobre el territorio; 2) la reducción del margen de impunidad con el que antes contaban las redes criminales; 3) la pausa en las pugnas territoriales entre las organizaciones delincuenciales; 4) la transformación de las principales actividades delictivas, y 5) la multiplicación de las desapariciones.
La principal transformación en la capacidad del Estado mexicano para enfrentar la violencia ocurrió gracias a la creación de la Guardia Nacional. Hoy este cuerpo militarizado tiene presencia en prácticamente todo el territorio, repartida en 400 cuarteles. En esas instalaciones se agrupan más de 130 mil efectivos dedicados al combate de las principales organizaciones criminales.
A lo anterior se suma la multiplicación del personal de las secretarías de la Defensa y de Marina. Mientras que en 2021 ambas dependencias sumaban alrededor de 319 mil integrantes, cinco años después superaron los 400 mil.
Es decir que, en total, soldados, marinos y guardias nacionales constituyen una fuerza operativa que rebasa los 531 mil integrantes.
Esta transformación de la capacidad operativa del Estado mexicano podría explicar por qué, a partir de 2021, comenzó el declive de la violencia medida por número de asesinatos.
Se añade la centralización del mando responsable de la política de combate a la criminalidad, que no logró consolidarse sino hasta la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia.
Ciertamente, a partir del nombramiento de García Harfuch al frente de la secretaría federal de seguridad empezó a observarse una coordinación coherente entre las distintas fuerzas del Estado, tanto en el ámbito nacional como en el local.
El resultado de esta transformación en las capacidades del poder público otorgó, a su vez, mayor credibilidad a la acción gubernamental.
Habría que agregar la coordinación, cada vez mayor, entre las instituciones de seguridad mexicanas y las estadunidenses. Aunque desde Washington continúen los reclamos sobre los cárteles de la droga, las autoridades del país vecino reconocen que la actual administración mexicana expresa un grado de cooperación binacional inédito.
El alineamiento de las capacidades nacionales y la coordinación con los vecinos han reducido las ventanas de impunidad que solían beneficiar a la actividad criminal. Hoy, los grandes criminales saben no solo que pueden ser detenidos, sino que probablemente serán extraditados a Estados Unidos. También los políticos y funcionarios asociados con la delincuencia están conscientes de que sus días de protección y arbitrariedad están contados. Aun en el remoto caso de que personajes como Rubén Rocha Moya no llegaran a pisar la cárcel, tras las denuncias públicas contra la mafia política bautizada como el Cártel de Culiacán, las élites del poder habrán tomado conciencia de lo que les espera —al menos en términos reputacionales— si continúan lucrando con sus cómplices del narcotráfico.
Es ese temor el que estaría obligando a unos y otros socios criminales a reducir al mínimo la violencia ligada a sus negocios. Saben bien que al clavo que sobresale le cae encima el martillo o, dicho sin florituras, que el asesinato está dejando de ser un crimen sin consecuencias en México. En esa misma lógica se inscribe, muy probablemente, la tregua en la disputa de territorios que años atrás fue una de las principales razones de la mortandad.
Respecto a la modificación de los modelos de negocio, vale mencionar como hecho principal la quiebra del tráfico de migrantes, que tanta muerte provocó. También que la fabricación, el trasiego y la distribución del fentanilo, como droga dominante, implican una reducción importante de recursos humanos. En efecto, a diferencia de la amapola, la mariguana o la cocaína, el fentanilo es mucho menos intensivo en mano de obra y, por tanto, ofrece menos incentivos para combatir a los competidores mediante la eliminación de su personal. Lo mismo podría decirse del huachicol o la extorsión, negocios a los que ha migrado la mayoría de las organizaciones criminales del país.
Por último, cabe señalar que la desaparición, en vez del asesinato exhibido a plena luz del día, se ha colocado como la solución de última instancia en las pugnas criminales. Es así porque, a diferencia del homicidio doloso, la desaparición es un fenómeno criminal mayormente impune.
Aún falta mucha investigación para explicar la caída en la curva de asesinatos de los últimos años. En cualquier caso, las interpretaciones necesitan hacerse cargo de la complejidad, en vez de resolverse con argumentos políticamente simplistas.