Cuando el trágico incendio de la guardería ABC el entonces ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hizo una legítima pregunta: ¿hasta dónde debía subir, en la escalera burocrática, la responsabilidad de una guardería del Seguro Social que no cubría con los criterios básicos de protección civil?
Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS, se defendió con uñas y dientes argumentando contra la injusticia de endilgarle la muerte de tantas niñas y niños.
Zaldívar ofreció argumentos contundentes sobre la responsabilidad que viaja hasta arriba, en la cadena de mando, cuando sucede una tragedia así de terrible que podía haberse conjurado. Sin embargo, sus colegas no le brindaron el voto mayoritario.
Cinco años más tarde, en 2014, el caso Ayotzinapa volvió a alimentar la misma discusión. Mientras en las calles los padres de los normalistas desaparecidos gritaban “¡Fue el Estado!”, el gobierno federal refutaba argumentando que las policías municipales involucradas no podían ser consideradas como parte del Estado.
La tragedia del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, ocurrida la madrugada del lunes pasado, vuelve a imponer reflexión sobre el mismo dilema.
Ayer Rosa Icela Rodríguez, secretaria federal de Seguridad, limitó a un número de ocho funcionarios la responsabilidad por la muerte de treinta y nueve personas.
Nuevamente los eslabones más bajos pagan por el resto. Esta vez le tocará a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, defenderse con los argumentos ya escuchados.
Y, sin embargo, la política migratoria mexicana decidió volver a estos centros de detención una suerte de cárceles de tercera —sin recursos, protocolos, ni personal adecuado— destinadas a castigar a quien, por cualquier razón, haya osado ingresar a territorio mexicano para migrar a los Estados Unidos.
Debe precisarse que, entre los criterios implícitos de esta política, está la criminalización de las personas que tienen la piel morena.
Zoom: por mera suerte no ocurrió antes una tragedia similar. La vileza con que se han negado derechos humanos a las y los migrantes centroamericanos y venezolanos se alimenta del resentimiento acumulado durante décadas por mexicanos que antes fueron igual de maltratados en los Estados Unidos.