Atrapados como estamos en el barranco del presente, hemos perdido de vista lo que se juega hacia el futuro respecto de la revocación de mandato.
Escapemos por un momento de 2022 para ubicarnos en marzo de 2028, cuando podría celebrarse el segundo ejercicio de este tipo en la historia democrática de México.
Supongamos hipotéticamente que para esa fecha quien estuviera ocupando la Presidencia no contase con una aprobación superior a 50 por ciento; esto implicaría que la revocación tendría posibilidades reales de ocurrir.
Frente a tal escenario, la autoridad responsable habría de organizar un proceso que igualara en prácticamente todas las condiciones y circunstancias los comicios presidenciales celebrados en 2024: mismo número de casillas, mesas, papeletas y funcionarios capacitados para recabar y contar los votos.
De no hacerlo así, el INE sería promotor de una aberración derivada de la asimetría entre la elección que entregó el mandato presidencial y el proceso que lo retiraría. En otras palabras, si la revocación de mandato no ofreciera la misma certidumbre que las elecciones precedentes, su legitimidad sería cuestionable.
Regresando al presente, si el costo asignado por la Cámara de Diputados para organizar la revocación en 2022 es menor al costo que implicó la elección presidencial de 2018, no hay manera de ofrecer condiciones similares de eficiencia, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia.
Organizar con medios reducidos la revocación fijaría un precedente cuestionable, porque pondría en tela de juicio los resultados, sobre todo cuando estos sean apretados.
Quien ubicó en situación peligrosa el proceso de la revocación de mandato fue la Cámara de Diputados, al recortarle al INE casi 5 mil millones de pesos de su presupuesto para el año próximo.
En revancha, las y los consejeros de esa institución están reaccionando con prudencia para evitar una crisis mayor hacia delante. Los que presionan para que el INE realice el proceso de revocación a pesar del recorte están pensando solamente en 2022, pero no en futuros escenarios.
Zoom: que los partidos y el Presidente se hallen atrapados por la coyuntura política no es novedad, lo grave sería que también el INE cayera en ese juego. La autoridad electoral está obligada a actuar colocando la mirada en el porvenir.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael