Quienes solo conocen de la vida partidaria creyeron que jueces, diputados y presidentes son figuras intercambiables y que podían ser elegidas con el mismo método... y solo exhibieron su ignorancia
“Estamos viviendo un Poder Judicial desestabilizado que aporta poca certeza jurídica en un momento en que el país requeriría exactamente lo contrario”.
Estas palabras fueron pronunciadas en días pasados por el ministro de la Corte Javier Laynez; difícilmente podrían superarse a la hora de describir la crisis política en la que nos hemos metido por obra de una reforma judicial diseñada con arrogancia, desconocimiento y mucho descuido.
Ciertamente, el corazón del problema es la ausencia de certeza. Lejos del discurso político que sus promoventes repiten hasta quedarse con la boca seca, es falso que en este ejercicio vaya a participar toda la ciudadanía en condiciones justas y equitativas.
El marco geográfico para este proceso electoral refleja una distribución dramáticamente asimétrica en el diseño previsto para la celebración de tales comicios.
Por ejemplo, mientras el Estado de México –la entidad más poblada del país– únicamente va a elegir a 54 personas juzgadoras, la Ciudad de México votará 168 cargos. En los hechos, cuatro entidades controlarán 40 por ciento del total de puestos que serán sometidos a escrutinio durante el primer domingo de junio de este año.
Quien domine los resultados en Nuevo León, Jalisco, Edomex y la CdMx se quedará con la mayor parte de los cargos del Poder Judicial federal. En contraste, las veintiocho entidades restantes jugarán un rol secundario.
El cargo de juez federal es similar al de la Presidencia, ya que los asuntos que atiende y el impacto de sus decisiones no solo afectan a una región, sino a todo el país. ¿Por qué únicamente cuatro entidades van a elegir un paquete tan grande de cargos cuya influencia abarca al conjunto de la Nación?
Otra barbaridad similar es el tamaño de los distritos judiciales que van a emplearse para estos comicios. En las otras elecciones federales (Presidencia y Congreso), cada distrito cuenta con alrededor de 300 mil personas.
Sin embargo, en el caso de los comicios judiciales habrá distritos con 3 millones de electores, otros con un millón 200 mil y alguno, el más pequeño, con 500 mil. ¿Por qué esta otra asimetría tan grande?
Al Estado de México, a pesar de ser la entidad más poblada, solo le corresponderán tres distritos judiciales y cada uno, en promedio, contará con una lista de 3 millones 500 mil electores. En contraste, la CdMx tendrá 11 distritos cuyo padrón será de alrededor de 700 mil personas; en Jalisco habrá cuatro distritos, con un millón y medio; en Puebla dos distritos, cada uno con 2 millones, y en Veracruz también dos distritos con dos millones y medio respectivamente.
El galimatías es tremendo. ¿Por qué la capital elegirá 168 cargos, en 11 distritos, de 700 mil electores, mientras que Nuevo León votará a 55 juzgadores en tres distritos de un millón 400 mil cada uno?
Decir que no habrá certeza ni equidad en esta elección no es un argumento mezquino ni mal intencionado, es una descripción objetiva de los hechos.
Hay diversas explicaciones que ayudan a comprender cómo fue que llegamos a este punto. Dejando de lado los lugares comunes y los argumentos más sobados, merece señalarse como principal error el que se haya propuesto a los circuitos judiciales como la principal unidad electoral para el diseño de esta contienda.
Así como no deben confundirse los distritos electorales con los judiciales, tampoco hay que cometer el yerro de creer similares a las circunscripciones electorales con los circuitos judiciales.
Los segundos son la unidad territorial gracias a la cual el Poder Judicial de la Federación ha organizado tradicionalmente sus actividades. El Consejo de la Judicatura, órgano responsable de esta tarea, hasta hoy ha definido tales circuitos en función de dos criterios: volumen de asuntos que se resuelven en una región determinada y comodidad logística para la ubicación de los juzgados y tribunales.
Estos criterios explican por qué el circuito de la CdMx tiene el mayor número de jueces, por ejemplo, en comparación con Colima o Nayarit. También justifica que Jalisco, Nuevo León, el Estado de México y Veracruz le sigan en importancia.
La barbaridad de la reforma consistió en haber entregado a las personas electoras que viven en las regiones coincidentes con el trazado de esos circuitos un poder desmedido a la hora de elegir a los jueces que juzgan asuntos en todo el país.
En efecto, jamás debió haberse pensado en los circuitos judiciales para organizar estos comicios.
A lo anterior se suma la imposibilidad de que en la mitad de esos circuitos pueda llevarse a cabo una elección para tantos cargos. Hay diecisiete estados cuyos límites coinciden con un circuito judicial, pero hay otros quince donde no sería factible organizar estos comicios a partir de tal unidad, a pesar de que así lo mandató la reforma constitucional.
Vale regresar al ejemplo de la CdMx donde, para elegir 168 personas juzgadoras habrá 5 mil 500 candidaturas. Sería materialmente imposible imprimir una sola boleta con todas esas opciones. Fue por esta razón que al Instituto Nacional Electoral se le ocurrió inventarse una región electoral que no está prevista en la Constitución: los distritos judiciales que, en el caso de la capital serán once. Ésta es la misma razón por la que, en el Edomex, donde van a elegirse 54 personas juzgadoras, se haya agrupado a la población en tres distritos.
Fue una manera para salirle al paso a una serie de instrucciones provenientes de la reforma constitucional que, por las prisas y también por la arrogancia política, las y los legisladores resolvieron fatal. Esa gente que solo conoce de la vida partidaria creyó que jueces, diputados y presidentes son figuras intercambiables y que por tanto podían ser elegidas con el mismo método. A la postre, lo único que exhibieron fue su tremenda ignorancia.
Era necesaria una distribución distinta de las unidades electorales, también un esfuerzo serio por garantizar la equidad, la certeza, el equilibrio y la universalidad del voto. Tal cosa habría sido posible si tan solo la prisa política no hubiese sido el valor más importante a la hora de emprender esta malhadada reforma.
De una sola cosa podemos estar seguros: la reforma judicial aprobada en el 2024 tendrá muy corta vida. Así como está, no funciona ni funcionará. Nuestro país se merece un Poder Judicial a la altura de su dignidad y su importancia. Haber confeccionado un traje tan barato, malhecho, rápido y chueco no nos lo merecíamos nadie.