El caso más complejo e importante de la historia judicial contemporánea ingresó por segunda ocasión en un callejón sin salida. Como advirtió recientemente un reportaje publicado en el diario The New York Times, el caso se desmorona.
Igual que lo ocurrido durante la administración de Enrique Peña Nieto, el descarrilamiento tanto de la investigación como de la judicialización de este expediente tiene razones esencialmente políticas.
Desde el mes de octubre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado a partir de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha logrado ser la instancia más confiable para conseguir verdad y justicia a favor de las víctimas de Ayotzinapa.
Los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, la guatemalteca Claudia Paz, el español Carlos Beristáin y el chileno Francisco Cox aportaron, de un lado, experiencia técnica rigurosa para indagar los hechos y, del otro, humanidad para acompañar a las madres y los padres de los normalistas en un proceso personal y a la vez público anímicamente extenuante.
Lo hicieron así durante el primer periodo de trabajo (2015-2017) y durante el segundo periodo (2019-2022). Estos expertos aportaron, sobre todo, dignidad a una tragedia gestionada políticamente con mucha vileza.
Es esa dignidad la que nuevamente se ha puesto a prueba, ahora por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Si el GIEI avala las decisiones políticas tomadas por este gobierno para cerrar el caso Ayotzinapa, habrá traicionado la dignidad que hasta ahora habían logrado aportar.
Hay por lo menos 10 razones para hacerse a un lado y denunciar así el descarrilamiento del caso. Todas tienen que ver con el mismo motivo que en 2017 llevó a los cinco integrantes originales del GIEI a partir del país, prácticamente expulsados: su investigación topó con el Ejército, el más poderoso agente político de la vida pública mexicana.
Vale la pena revisar los 10 argumentos para que el GIEI se aparte del caso.
Primero, el GIEI fue sorprendido en agosto de este año cuando, sin que mediara conocimiento previo, el presidente de la Comisión para la verdad de Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, presentó un informe con evidencia y conclusiones que no fueron previamente conversadas.
En ese momento este grupo tomó consciencia de la prisa política que infectó al gobierno lopezobradorista, la cual, inevitablemente, descarriló una investigación rigurosa y seria que venía avanzando con gravedad y solvencia para llevar ante los tribunales a todas las personas responsables de haber participado en la desaparición forzada de los normalistas.
Esta es la segunda razón por la que el GIEI no debería avalar las decisiones tomadas desde Palacio Nacional. La investigación realizada durante el segundo periodo (2019-2022) incluyó, entre otras diligencias, el testimonio de 115 personas, análisis de miles de documentos y más de 80 millones de llamadas telefónicas. Y, sin embargo, toda esta labor ha sido menospreciada por la prisa y también para asegurar que los militares responsables de la arbitrariedad salgan exonerados.
La tercera razón por la que el GIEI debería apartarse es la embestida que, desde la Presidencia de la República y también desde la Fiscalía General de la República, ha enfrentado el ex fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien fuera propuesto justamente por las personas integrantes del GIEI.
Sobre este funcionario se hizo una toma hostil de su oficina, se le impuso una auditoría dirigida para amedrentarlo, se le arrebató el control del proceso para judicializar el caso y finalmente se le calificó como persona desconfiable, non grata, ante los ojos del presidente López Obrador.
La cuarta razón para que el GIEI se aparte es la manera como se confeccionó la acusación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, un acto de artificio meramente político que, por mal hecho y veloz, solo sirvió para distraer la atención sobre los temas fundamentales.
La quinta razón es la necia negación por parte de la Secretaría de la Defensa del Centro Regional de Inteligencia que conserva los archivos y los documentos más relevantes para corroborar el destino final de los normalistas.
El sexto argumento para hacerse a un lado es el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Se trata de un abogado que nunca en su vida ha investigado nada ni judicializado ni defendido derechos humanos, tampoco enfrentado un caso mínimamente complejo. Tiene como única virtud 30 años de relación personal con el Presidente de la República y, por tanto, una lealtad con sus intereses y no con la verdad y la justicia del caso.
La séptima razón es el fin de la Comisión presidencial para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) cuya credibilidad pública estalló durante las últimas semanas precisamente por el descarrilamiento del caso, y también por la presentación de evidencia cuya procedencia y veracidad siempre fueron de dudosa calidad legal.
La octava razón es la estrategia deliberada desde Palacio Nacional para dividir al grupo. Siguiendo la máxima maquiavélica, la autoridad mexicana logró quebrar el espíritu de cuerpo que había hecho posible que el GIEI tuviera una sola voz, digna y respetable.
La novena razón es el embate que el Presidente decidió emprender, esta misma semana, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instancia que, para efectos prácticos, envió desde la primera vez a las personas integrantes del GIEI.
Esta semana el gobierno mexicano acusó a esta comisión de servir y simular a favor del conservadurismo y también de no haber hecho nada en contra de la violencia provocada por el neoliberalismo.
Finalmente, la última y principal razón para apartarse del caso es la decisión inamovible del presidente López Obrador para negar que el Ejército, en tanto que institución, estuvo involucrado a través de un número muy grande de mandos medios y altos en la trágica desaparición de los jóvenes normalistas.
El Presidente no quiere verdad y también quiere ser él quien imparta justicia, porque solamente así podrá lograr que las fuerzas armadas queden a salvo de la responsabilidad que tuvieron en la ocurrencia de este caso emblemático.
Si el GIEI no se aparta, terminará convalidando este propósito político inocultable.
Ricardo Raphael@ricardomraphael