El INAI se encuentra atrapado en la zona fantasma por una decisión política. No se han nombrado las tres vacantes pendientes con el propósito deliberado de volverle inoperante. Hoy hay 6 mil 764 recursos de revisión que las personas han presentado ante esta dependencia cuya atención flota en el limbo.
Una de esas vacantes lleva sin cubrirse más de cien días y las otras dos más de 460.
La ausencia de estos nombramientos impide que se realicen tareas clave asignadas al INAI por mandato constitucional.
Aunque la decisión política de paralizar a esta dependencia no se tomó en el Senado, la Cámara Alta es la autora material de la parálisis. Al no cumplir con su responsabilidad de nombramiento, el Senado tiene secuestradas las tareas de esta institución.
Precisamente, para rescatar al INAI, en abril pasado se presentó una Controversia Constitucional. Este recurso sirve para corregir la invasión de competencias entre dos órganos del Estado. Argumenta el INAI que, al omitir cumplir con la obligación de cubrir las vacantes, el Senado transgrede varios artículos de la Constitución.
Vulnera, por ejemplo, la colegialidad ya que con cuatro personas comisionadas —según la Carta Magna— no es posible que el pleno de ese órgano sesione. Ante la imposibilidad de integrar adecuadamente este órgano se destruye la validez de cualquier decisión. Esta es la razón por la que superan el número de 6 mil 700 las resoluciones pendientes, más las que se siguen acumulando diariamente. La discapacidad legal del INAI dinamita a su vez la autonomía que según la Carta Magna debe tener esta dependencia.
Aún más grave resulta que, mientras esa nave naufraga, también lo hacen los derechos que está obligada a proteger. Tan congelados como las vacantes están los derechos a la protección de los datos personales, el acceso a la información o a la transparencia de los actos públicos.
En los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si el INAI se queda en esa zona fantasma, o bien si se le regresa a la órbita de la legalidad.
El proyecto de resolución a esta controversia cayó en manos de la ministra Loretta Ortiz, quien ya ha dado a conocer el documento que propondrá al pleno del máximo tribunal.
Lamentablemente este proyecto pretende dejar indefinidamente en el limbo al INAI. La ministra ofrece varios argumentos, pero el principal es evitar que la Corte se mezcle en una cuestión política que no le corresponde. A la Poncio Pilatos, Ortiz quiere que ella y sus colegas se laven las manos frente a un tema políticamente espinoso.
No debió ser fácil encontrar una argumentación coincidente con la visión ponciopilatiana, y eso se nota en el relato del proyecto que va a discutirse. Entre las expresiones más intrigantes de la ministra está aquella donde considera como “una mera evaluación reduccionista” atender las consecuencias de la ausencia de nombramientos.
Para ella son irrelevantes las implicaciones derivadas de mantener a esa nave en el limbo. De plano no le importa que el INAI sea incapaz de resolver, esté inhabilitado para decidir, haya extraviado su autonomía y esté atado de manos a la hora de defender derechos.
El intento por separar las causas de sus implicaciones resulta un recurso superficial. La ministra Ortiz se limita a revisar la forma del nombramiento y no sus efectos. O más precisamente, defiende una supuesta facultad para no nombrar, por parte del Senado, que sería superior a cualquier otra implicación.
Quedará para la historia jurídica mexicana la fórmula Ortiz cada vez que alguien se refiera a “la mera evaluación reduccionista de las consecuencias”.
Para la ministra, la Controversia no es procedente porque el Senado tiene un presunto derecho infinito a la demora. Según ella, dado que la Constitución omite fijar un plazo determinado para realizar los nombramientos de las personas comisionadas del INAI, las y los legisladores pueden tardarse lo que les venga en gana.
De acuerdo con la ministra esta omisión de temporalidad se justifica por la dificultad que implica construir consensos políticos, situación que no debería estar sometida a las presiones del poder Judicial.
Este argumento es paradójico cuando la tardanza en nombrar se debe, en la realidad, a una presión ejercida desde la presidencia de la República. Si la ministra fuese justa en sus premisas, tendría que considerar que, en realidad, la intervención de la Corte en este asunto serviría para liberar al Senado de la extorsión presidencial.
Ortiz pisa tierra fangosa cuando en su proyecto aparece la siguiente frase: “hay cuestiones meramente políticas que no pueden ser revisables en sede judicial porque constituyen lo que en la doctrina se conoce como… cuestiones políticas”.
Más adelante afirma que tales “cuestiones políticas” deben quedar excluidas de la revisión judicial porque de otra manera se atentaría contra el principio de división de poderes.
Casi olvida Ortiz que el pleno del INAI permanece incompleto justo porque se violó la división de poderes cuando el presidente, a través de la mayoría senatorial que le respalda, ordenó que se largaran al infinito los nombramientos pendientes.
Si tal tema no debe ser tratado en sede judicial, ¿en dónde entonces? ¿En Palacio Nacional? Lo que Ortiz está proponiendo es que la SCJN también envíe sus responsabilidades a la zona fantasma.
Sería bueno hacerle saber a esta juzgadora que no hay controversia constitucional que pueda aislarse de las cuestiones políticas. El proyecto que se va a votar en la Corte sobre el INAI es esencialmente político y declarar improcedente su resolución en realidad lo que busca es entregar en exclusiva las cuestiones de la política al primer mandatario, mientras le son arrebatadas al resto de la Nación.
El INAI no es un caso aislado. Detrás suyo vendrán otros nombramientos más que, por la vía de los hechos, podrían quedarse vacantes infinitamente. Entre ellos, también un día, los de las y los ministros de la Corte.