No habrá quien se atreva a negar que en principio siempre están las palabras, el sujeto y el verbo que movilizan el discurso transformador de realidades.
Por ello me provocó entusiasmo escuchar la promesa que hizo Ernestina Godoy a propósito de desterrar la tortura y la fabricación de la Fiscalía General de la República.
Sería sin embargo ingenuo desestimar las enormes dificultades que implicaría un cambio como el que está proponiendo. Es tanto y tan impune el poder que concentra esa dependencia que fácilmente podría sucumbir a la tentación de dejar las cosas tal como están, igual que lo hicieron sus antecesores.
No es que ellos desconocieran la violencia que la Fiscalía derrama cuando su desempeño es ilegal. Si no cambiaron las cosas fue por la conveniencia política de un ejercicio a modo de la acción penal.
Si antes se sembró evidencia, se obtuvieron confesiones mediante tortura o se fabricaron culpables, fue porque se trata del único camino que puede seguirse cuando, desde las altas esferas, se ordena que los casos investigados por el Ministerio Público se resuelvan de una determinada forma.
Mide varios kilómetros el anaquel de los expedientes corruptos de la antigua procuraduría y la ahora Fiscalía General de la República. Es así porque a la política le ha convenido un Ministerio Público sumiso y obediente.
Destaca por ejemplo el caso Ayotzinapa, donde la presión política ejercida desde la presidencia de la República llevó a que el procurador Jesús Murillo Karam avalara una verdad histórica muy mentirosa.
Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, escribió un guion de cine según el cual los jóvenes normalistas desaparecidos habrían sido incinerados en un basurero y luego arrojados a un río cercano.
Él debió saber que esa información correspondía en casi nada con lo ocurrido. No obstante, forzó testimonios y sembró evidencia con tal de complacer las instrucciones giradas desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, entonces encabezada por Humberto Castillejos.
A Murillo le costó carísimo no haberse sabido blindar frente al poder presidencial. Extravió por ello la reputación de una larga carrera política y, a la postre, la paz de sus últimos años.
De la década previa sobresalen también los casos Cassez-Vallarta y Wallace. En ambos se repitió una mecánica parecida: un guion inventado, una escena fabricada, evidencia sembrada, testimonios obtenidos mediante tortura, una estrategia de comunicación implacable y una politización vomitiva de la justicia.
Esto no cambió con la llegada de la llamada cuarta transformación. Alejandro Gertz Manero continuó por el mismo sendero. Fabricó el caso de Alejandra Cuevas, la hija de su ex cuñada; inventó el juicio contra la familia Jenkins para apropiarse de la Universidad de las Américas, campus Puebla; tramó las acusaciones y los cargos para desaforar al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
En simultáneo entregó favores inmorales a los verdaderos pillos que debía perseguir. Le ahorró a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, un juicio por delincuencia organizada, a pesar de contar con pruebas solventes del desvío de más de 60 mil millones cometido en complicidad con quienes fueron sus subordinados.
Hizo lo mismo con Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex, protegiéndolo frente a las declaraciones que pesan en su contra por haber orquestado un robo de alrededor de 20 mil millones de pesos.
Otro ejemplo de la impunidad ofertada es la que recibió Hernán Bermúdez Requena, a la vez líder de la organización criminal conocida como La Barredora y secretario de Seguridad de Tabasco durante las administraciones de Adán Augusto López y Carlos Merino.
Todos estos casos muestran que, más allá del discurso, para cambiar a la Fiscalía habrían de ocurrir tres cosas: primero, que Ernestina Godoy pudiera decir “no” cuando vengan los emisarios del poder a exigirle que se conduzca contra la ley. Segundo, que la nueva fiscal se amarre a sí misma las manos y al resto de sus funcionarios cada vez que una investigación se integre con diligencias o procedimientos ilegales. Tercero, que el Ministerio Público, en vez de subordinarse al ritmo que toca la policía federal, el Ejército, la Guardia Nacional o la Armada, se asegure de que las actuaciones de estas autoridades respeten los principios constitucionales y las normas penales.
Hay un cuarto asunto que es tan relevante como los anteriores: provocar un rápido relevo del personal que integra actualmente la Fiscalía. Todas aquellas personas ministerios públicos que hayan operado casos como los antes citados, o cualquier otro que se les asemeje, tendrían que ser sustituidas por personal comprometido con el nuevo discurso de la fiscal.
En efecto, para hacer que el Ministerio Público deje de ser la pieza central del autoritarismo penal que aún prevalece en México, sería necesario incorporar una nueva generación de agentes capacitados en las mejores prácticas de la investigación, así como de su integración jurídica y litigio ante tribunales.
Puntualmente, para combatir la impunidad Godoy tendrá que reformar profundamente la cultura y los valores de una institución podrida.
Alejandro Gertz no quiso hacerlo y tampoco se lo exigieron desde arriba. Al revés, fue norma aceptada por ambas partes la negociación de favores personales a cambio de acciones penales con propósitos políticos.
¿Será que Godoy pueda renunciar a esos favores y también esquivar las muchas presiones que le vendrán desde fuera?
Cada a su cargo, así que pronto se notará qué tan genuino es su discurso y cuánto margen de maniobra tendrá para hacer lo que la patria le está pidiendo a gritos para conseguir, en el ámbito de sus competencias, verdad, justicia y paz.