Las aspiraciones de Ernestina Godoy se hunden sin remedio. Otro hachazo reventó contra la posibilidad de que sea ratificada como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. La fecha límite para que el Congreso capitalino decida su suerte es este próximo martes, pero en realidad habría sido una semana antes cuando se añadió el último clavo al ataúd de sus posibilidades.
El martes 2 de enero, hacia las tres de la tarde, un operativo fallido para detener a un grupo de extorsionadores dejó como saldo siete personas lesionadas y dos sin vida. Una de las víctimas es una niña de un año y pocos meses, la otra, un hombre extraordinario que, sin conocerla, se interpuso entre la bebé y el tiroteo, por lo que una bala terminó alojada junto a su columna vertebral.
Hay dos versiones muy distintas sobre la refriega ocurrida en la romería de la alcaldía Iztacalco, ubicada en el cruce de la avenida Rojo Gómez y la calle Dieciséis sur. En ambas queda mal parada la Policía de Investigación (PDI), adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuya titular es Ernestina Godoy.
La primera hipótesis criminal relata que un grupo de agentes de esa dependencia fueron agredidos, desde un automóvil gris, por presuntos extorsionadores que se encontraban en las inmediaciones de este mercado dedicado en esta semana a la venta de juguetes.
Según voceros de la PDI, la única responsabilidad de sus agentes fue haber repelido el ataque. Una de las personas fallecidas fue Fernando Jalomo, la otra, un comerciante de nombre José Antonio González García.
Las primeras investigaciones identificaron a Fernando Jalomo como un agente adscrito a la PDI que ese día brindaba protección al grupo de extorsionadores. También hay confirmación de que este individuo arribó a la romería de Iztacalco tripulando una patrulla de la fiscalía capitalina cuya tarea, durante la tragedia, era proteger a la banda criminal.
Ésta, que es la versión más benévola, ubica al agente Jalomo como la única manzana podrida de la PDI, involucrado tanto en el delito de extorsión como en la balacera que dejó nueve víctimas.
Han transcurrido ya cuatro días desde el episodio y la fiscal Godoy no ha salido a dar la cara para explicar por qué un vehículo y un agente de su dependencia estarían detrás de lo ocurrido en la romería de Iztacalco.
Hay, sin embargo, una segunda hipótesis criminal que exhibe una conspiración cuyo alcance iría más allá de una mera manzana podrida. En esta otra versión el enfrentamiento no comenzó en las inmediaciones del tianguis, no existe una banda de civiles dedicada a la extorsión y el agente Jalomo es uno más de los varios funcionarios de la PDI involucrados tanto en actividades ilícitas como en el tiroteo.
En esta hipótesis la otra persona que perdió la vida, José Antonio González, habría sido el testigo principal de la trifulca ya que como líder de la organización fue atacado por agentes de la PDI que estaban extorsionándolo para que pagara la suma de 500 pesos por día y por puesto instalado en ese tianguis.
Testigos narran que el señor González se encontraba asignando los locales a sus agremiados cuando la policía llegó a exigirle derecho de piso. Un conflicto provocado por este acto de extorsión hizo que los agentes, probablemente comandados por Fernando Jalomo, desenfundaran las armas y dispararan contra este líder cuya vida se escapó mientras se desangraba en el sitio destinado para atender a sus afiliados.
En un video, subido a redes por el periodista Carlos Jiménez, se observa al agente Jalomo pegando de tiros no muy lejos de donde una familia recorría los pasillos del mercado, con su bebé montada en una carriola. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, otro visitante del lugar, el señor Roberto Santiago Manzano, cubrió con su cuerpo a la niña que ya había sido herida y por ello recibió un disparo por la espalda cuya bala los médicos no han podido
aún retirar.
Aseguran los comerciantes que esta segunda hipótesis de los hechos podría corroborarse si la fiscal Godoy solicita las imágenes registradas por las cámaras de seguridad conectadas al C4. Ahí se comprobaría que, en efecto, fue la policía la que abrió fuego dentro del mercado contra los comerciantes, y también que sus agentes produjeron que el conflicto migrara a otros puntos de la romería multiplicando las víctimas inocentes.
No obstante, la fiscal ha preferido callar y, con su silencio, respalda una mentira añadida a las anteriores. Para cubrir su porquería, la PDI inventó que el grupo de extorsionadores estaba en realidad conformado por los mismos comerciantes extorsionados. Suena extrañísimo, pero así presentó la autoridad las cosas ante los medios de comunicación.
La PDI detuvo el mismo martes a diez supuestos criminales y los acusó de posesión de armas y asociación delictuosa, entre otros cargos. Sin embargo, esos presuntos malhechores son comerciantes vinculados a la asociación que fuera liderada por el occiso José Antonio González García.
El hermano de la víctima, Felipe González, declaró indignado contra la acusación: “¿Cómo explicar que los comerciantes se extorsionen a sí mismos?” Asegura que los afiliados de la organización que habrían sido llevados ante el juez son chivos expiatorios a quienes les sembraron armas para procesarlos. Por lo endeble de la evidencia presentada ante el juzgador, seis fueron liberados cuarenta y ocho horas después. Con todo, a cuatro de ellos les cayó encima la mentada prisión preventiva. Es evidente que los dejaron tras las rejas porque de otra manera la fiscalía tendría que hallar a la falsa banda de extorsionadores o, en su defecto, aceptar con resignación que es la propia PDI la que chantajeaba a los comerciantes y también la que provocó la trifulca.
¿Puede ser ratificada una fiscal que prometió limpiar de corrupción su dependencia y que sin embargo es cómplice en la fabricación de delitos cuyo propósito es otorgar impunidad a los verdaderos extorsionadores?¿Merece Ernestina Godoy un segundo mandato cuando frente a estos hechos trágicos prefirió esconder la cabeza como avestruz?
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es una dependencia que reboza talento para la persecución política, mientras que en materia criminal es tan cómplice de la delincuencia como lo era antes de que llegara Godoy. Lo dicho: el tiroteo de la romería de Iztacalco, donde una bebé de un año recibió un balazo en el tórax, debería ser un impedimento definitivo contra las aspiraciones de la fiscal.