La corrupción cobarde de los 'huachicoleros'

Ciudad de México /

La corrupción en México cuenta con los abogados como sus mejores defensores. Un buen ejemplo lo ofreció esta semana Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, en una entrevista concedida al periodista Francisco Garfias.

Sabiendo que su caso está perdido en tribunales, hizo extraordinarios malabares para sacarlo de esa cancha.

En esa conversación afirma Mendieta que los pobrecitos sobrinos del exsecretario de Marina son en realidad chivos expiatorios de un sistema muy perverso en cuya cúspide se encuentran el almirante Rafael Ojeda y el senador Adán Augusto López.

Ahí también unta de lodo al difunto vicealmirante Fernando Guerrero Alcántar quien, según este licenciado, no habría denunciado la red de huachicol fiscal ante sus superiores por razones honorables, sino porque lo expulsaron del jugoso negocio.

La especulación es grande e inverosímil, pero el propósito de Mendieta no es ilustrar con la verdad, sino insistir con que el almirante Rafael Ojeda desatendió la denuncia porque era socio del negocio ilegal.

Corre fuertemente el rumor de que fue el propio abogado Mendieta quien ayudó a que se hiciera pública la conversación entre Guerrero y Ojeda con la intención de dar a conocer dos cosas a la opinión pública: que los hermanos Farías Laguna contaban con evidencia para hundir a muchos, y también que estarían dispuestos a difundirla si el eslabón más elevado de la red criminal no hacía algo pronto para rescatarlos.

Las declaraciones de Mendieta son un acto de extorsión. Si Ojeda y las demás cabezas del multimillonario robo dejan morir solos a los hermanos Farías Laguna, información muy delicada será dada a conocer, tal como ocurrió con la grabación divulgada en el portal de Aristegui Noticias.

¿Será que Mendieta, a nombre de sus representados, está faroleando? Si en algo tienen razón los imputados es en que la red criminal que fue capaz de cometer el robo más impresionante de lo que va del siglo —600 mil millones de pesos— no pudo haber ocurrido únicamente por la actuación de dos sujetos, aun si en su momento tuvieron un poder enorme dentro de la Secretaría de Marina.

Hoy se sabe que esa red tuvo dos brazos, uno civil y el otro militar. En los puertos de Tamaulipas y Altamira, por ejemplo, del lado civil jugaron un papel destacado empresarios tabasqueños beneficiados milagrosamente con una concesión obtenida gracias a sus amigos empoderados. En el otro extremo estuvo la administración de puertos a cargo de la Marina.

Nadie mejor que los hermanos Farías Laguna puede explicar este complejo engranaje. En el equipo de los tabasqueños destaca el fugado Saúl Vera Ochoa quien, por recomendaciones de muy alto nivel —sin haber tenido ninguna experiencia en la materia— consiguió la concesión por casi treinta años de la Terminal 11 del puerto de Tampico, donde luego desembarcarían varios millones de litros de combustible importado desde Estados Unidos, sin que esos hidrocarburos pagaran impuestos.

¿Cómo explicar el inmerecido beneficio otorgado a Vera? Si bien nadie ha logrado trazar con finura el nexo con el senador Adán Augusto López, son muchos los decires respecto del papel jugado por el exgobernador de Tabasco.

¿Será que los hermanos Farías Laguna conocen la verdadera trama? Pues las declaraciones de Mendieta hacen suponer que sí: que detrás de Saúl Vera estaría Adán Augusto López y que ese nexo será revelado en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe persiguiendo a sus clientes.

La otra hebra del relato corrupto en Tamaulipas involucraría a los vicealmirantes Salvador Camargo Vivero y Miguel Báez Barrera, quienes ocuparon uno después del otro, la dirección del puerto.

Báez Barrera duró solo un año en el cargo y luego fue removido fulminantemente. La ausencia de explicación al respecto podría ser en sí misma una explicación. Sobre todo, cuando su sucesor, Camargo Vivero, ha sido acusado de ordenar a los vigilantes que no revisaran los contenedores donde viajaban los “falsos” aditivos, reportados como tales para evitar el pago de los impuestos.

Hoy, el brazo derecho de Camargo, Francisco Javier Antonio Martínez, se encuentra ya vinculado a proceso penal por esta actuación delictiva.

El abogado Mendieta insinúa que estos nombramientos no pudieron haber ocurrido sin la anuencia del secretario Ojeda y que por tanto él debería ser el primer funcionario en rendir cuentas.

De acuerdo con cifras del SAT, entre el 2020 y el 2025 la red de huachicol comandada por los hermanos Farías Laguna —y sus muchos cómplices— habría traficado una cantidad de gasolina que equivale al 14 por ciento del total consumido en el país, en el mismo periodo, de ese hidrocarburo.

Solamente entre abril de 2024 y marzo de 2025 habrían entrado de contrabando 564 millones de litros, a través de los puertos de Altamira y Tampico, provocando un quebranto grandísimo por los impuestos no pagados.

Cuando este escándalo no pudo callarse más, en marzo de 2025, el gobierno mexicano reportó haber decomisado 10 millones de litros que partieron desde Texas dentro del buque estadunidense Challenge Procyon. Después se sabría que, en realidad, ahí dentro fueron transportados 20 millones de litros y que la mitad no quedaron registrados.

Es obvio que las operaciones aquí descritas —cuya duración habría sido de al menos cinco años— involucran a un número grande de altos funcionarios que laboraron para la administración de Andrés Manuel López Obrador, y otros tantos operadores que, desde la trinchera civil, se enriquecieron oprobiosamente a costa de la hacienda pública.

Esta es la premisa principal de la defensa enderezada por el abogado Mendieta: si la justicia mexicana no perdona a los hermanos Farías Laguna, los sobrinos del exsecretario Ojeda abrirán la caja donde guardan sus recuerdos más espinosos para hundir a las hordas involucradas.

Es una paradoja ingrata para un movimiento político cuya bandera fue alguna vez “la honestidad valiente” que la corrupción cobarde haya terminado ocupando un lugar tan importante en su historia.

Porque esa es la verdadera apuesta del abogado, extorsionar a la FGR y a la Presidencia para que se acobarden a la hora de perseguir a los hermanos Farías Laguna. Ora que la valentía también podría colarse por alguna rendija; eso sí que sorprendería al abogado defensor de corruptos, el licenciado Epigmenio Mendieta.

El vicealmirante Manuel Roberto, detenido en septiembre de 2025. Especial


  • Ricardo Raphael
  • Es columnista en el Milenio Diario, y otros medios nacionales e internacionales, Es autor, entre otros textos, de la novela Hijo de la Guerra, de los ensayos La institución ciudadana y Mirreynato, de la biografía periodística Los Socios de Elba Esther, de la crónica de viaje El Otro México y del manual de investigación Periodismo Urgente. / Escribe todos los lunes, jueves y sábado su columna Política zoom
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