La honestidad nunca fue el propósito: lo era sustituir a unos corruptos por otros. Hasta los militantes más ciegos del lopezobradorismo tendrán que reconocer la basura que se acumula en la banqueta de su propia casa.
Sólo son peores que los de antes porque aquellos no presumían ninguna superioridad moral: eran cínicos sin adjetivos. Quienes los sucedieron, en cambio, resultaron corruptos y, además, impostores.
No tardará en venirse abajo la inmensa mascarada. Mientras tanto, van saliendo a flote los fragmentos de una farsa que es obligada documentar.
Esta semana, el Laboratorio de Periodismo de Investigación (POPLab) y Connectas —una plataforma colombiana dedicada al mismo oficio— colocaron bajo el reflector a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
En concreto, documentaron que la mandataria acostumbra viajar en aviones privados a cargo de un proveedor de su propio gobierno. En total, Lezama habría realizado cuarenta y tres vuelos al extranjero por cuenta de la empresa PABE-TAX, perteneciente al Grupo Seguritech. En paralelo, ese corporativo —cuyo dueño es Ariel Picker— habría prestado al estado servicios de videovigilancia y de renta de equipos de seguridad y comunicaciones por varios miles de millones de pesos.
Interrogada sobre tan evidente conflicto de interés, la mandataria respondió que no veía abuso alguno en que un proveedor de su administración se ofreciera a llevar a sus hijos a Disneylandia. A lo sumo, dijo, se trataba de un acto “de procuración de una (buena) madre (que vela) por sus hijos”.
Ariel Picker, dueño del Grupo Seguritech, carga con una larga trayectoria como corruptor de políticos y funcionarios. En 2022, Andrés Manuel López Obrador afirmó haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a las empresas de este personaje por el presunto fraude y sobreprecio en los contratos celebrados con Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua.
En agosto de 2025, Claudia Sheinbaum ordenó a su vez investigar varios contratos millonarios otorgados a Seguritech para equipar con tecnología a los C5 del país.
Sorprende ese discurso —de uno y de otra— cuando fue justamente durante sus administraciones cuando Picker acumuló mayor riqueza. Según POPLab y Connectas, entre 2021 y 2025 las distintas empresas ligadas al Grupo Seguritech habrían obtenido contratos por 21 mil millones de pesos.
A esa cifra hay que sumar otros 31 mil millones acumulados entre 2012 y 2020.
En total, desde la llegada de Enrique Peña Nieto hasta hoy, Picker ha obtenido contratos por 52 mil millones de pesos, provenientes lo mismo de gobiernos locales que del federal.
Vale la pena preguntarse cómo consiguió tanto éxito. El caso Lezama no es una excepción, sino la regla del modo de operar que ha caracterizado a Seguritech casi desde su fundación.
La empresa nació en 1995 como un modesto negocio de alarmas vecinales. Le tomaría diez años dar el salto a las grandes ligas y en ese tránsito fue clave David Korenfeld, responsable de la Comisión del Agua del Estado de México cuando Peña Nieto gobernaba la entidad.
Hacia 2010 está documentado un contrato entregado a Picker por 58.7 millones de pesos para poner en operación un radar meteorológico, así como el reclamo de un competidor —Rossbach de México— que denunció un sobreprecio de más del doble de su valor real.
¿Qué ofreció Picker a Korenfeld a cambio del favor? No hay respuesta, pero sí evidencia de que la llegada de Peña Nieto a la Presidencia convirtió a Seguritech en el gran proveedor nacional de sistemas de seguridad de numerosas dependencias del Estado mexicano.
Entre 2012 y 2018 habría firmado contratos con veintidós entidades por más de 22 mil millones de pesos. En un lapso brevísimo, la pequeña empresa de alarmas domiciliarias se transformó en un suministrador gigantesco de sistemas y dispositivos para el gobierno.
Al Grupo Seguritech lo distingue operar bajo distintas razones sociales, todas ellas beneficiadas con contratos millonarios adjudicados de manera directa, cuyos expedientes se ocultan al escrutinio público bajo el argumento de la seguridad.
Su expansión, además, ha estado envuelta en señalamientos de corrupción: Picker habría concedido favores de peso a los funcionarios encargados de esas asignaciones, a cambio de jugosas prebendas.
El caso de Lezama —beneficiada con viajes aéreos por un valor cercano a los veinte millones de pesos— sería apenas uno de los mecanismos con los que Picker derrota a sus adversarios.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de los servidores públicos en razón de intereses personales”.
Dicho de otro modo: después de volar cuarenta y tres veces a cuenta de Seguritech, ¿cómo podría Mara Lezama negarse a adjudicar directamente contratos a las empresas de Picker?
En lo que va de su mandato, la gobernadora ha gastado más de 5 mil millones de pesos en rubros ligados a la actividad de Seguritech. Para el grupo, veinte millones en vuelos privados son una nimiedad frente a la tajada que se lleva de ese pastel.
Cabe considerar, incluso, que no se trate sólo de un conflicto de interés —falta administrativa que la norma califica como grave—, sino de la comisión del delito de cohecho, definido como la conducta del servidor público que “obtiene beneficios no comprendidos en su remuneración a cambio de realizar un acto relativo a sus funciones”.
De comprobarse los señalamientos de POPLab y Connectas, Lezama tendría que ser destituida, inhabilitada para ocupar cualquier cargo público y sancionada económicamente.
La gobernadora, sin embargo, cuenta con una coraza eficaz: llegó al cargo de la mano de Morena y, en mi país, eso basta para que no ocurra nada.
Un caso más que confirma que la Cuarta Transformación es un mito: se cambiaron las formas con el único propósito de que nada cambiara. Hoy se puede ser tan corrupto como ayer, sólo que amparado por el manto de la más falsa honestidad.