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Las mentiras de Arturo Herrera sobre costo de cancelación del NAIM

Ricardo Raphael

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En respuesta a un conjunto de notas confusas y carentes de fuente, publicadas el jueves 6 de mayo en diversos medios, el secretario de Hacienda del gobierno federal, Arturo Herrera Gutiérrez, ratificó a través de sus redes sociales que el costo real de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) no rebasa los 113 mil millones de pesos.

Dijo también que esta cifra coincidía con la información vertida en las minutas de reunión entre su dependencia y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Desmiente sin embargo al secretario Herrera un documento emitido en febrero de 2021 por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, cuyo titular es Gerardo Lozano Dubernard.

La Memoria de Fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación (2014–2019) es un documento distinto al emitido por la ASF (1394-DE), donde por primera vez se anunció como costo de la cancelación la cifra de 331 mil millones de pesos.

Aquella primera auditoría (1394-DE) no fue presentada por Lozano Dubernard, sino por Agustín Caso Raphael, su colega de otra área de la ASF denominada Auditoría Especial del Desempeño.

Cabe recordar que posterior a que el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigara con látigo verbal a la ASF, el jefe de ambos auditores, David Colmenares, prometió que revisaría la metodología utilizada en la primera auditoría (1394-DE) y que para ello integraría un grupo de trabajo comandado precisamente por Lozano Dubernard.

(Caso fue excluido de este grupo de trabajo para asegurar neutralidad en los nuevos cálculos).

A partir de ese momento Lozano Dubernard y su equipo especial emplazaron a los directivos del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM), así como a diversos funcionarios de la secretaría de Hacienda para revisar los números relativos al costo de la cancelación. Las minutas referidas por el secretario Herrera son las que contienen la información relativa a este ejercicio de intercambio de datos entre las partes involucradas.

El punto de partida de estas reuniones no pudo ser otro que el documento que el propio Lozano Dubernard y su equipo de la auditoría especial de cumplimiento financiero concluyeron en febrero de este año, es decir la referida Memoria del proceso de cancelación (2014–2019).

En ese otro texto no se menciona nunca la cifra de los 113 mil millones de pesos aludida por Herrera. De acuerdo con Lozano Dubernard el costo de la cancelación rondaría los 184 mil 600 millones de pesos considerando, por una parte, los recursos aplicados para la construcción del proyecto aeroportuario cancelado y, por el otro, la compra de una parte de la deuda emitida por el Estado mexicano para financiar el difunto proyecto del NAIM.

Entre los recursos aplicados destacan los servicios de obra, arrendamiento y adquisiciones, así como los gastos no recuperables incurridos por los contratistas de obra. También se incorporaron ahí las erogaciones de otras dependencias del gobierno federal tales como Conagua, Sedatu y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Asa).

Se mencionan igualmente los costos de la amortización anticipada de los Certificados Bursátiles (Fibra E) y también la liquidación de los Bonos Mexcat, operación que incluyó una parte del pago a capital e intereses originalmente pactados.

Estos mismos datos duros debieron ser incluidos en las minutas de las reuniones referidas por Herrera entre la SHCP y la ASF y, sin embargo, el secretario asegura que la cifra conciliada entre ambas dependencias es 70 mil millones más baja. Una de las dos partes miente y, a partir de los argumentos de la Memoria citada, cabe inclinarse a favor de la credibilidad de la ASF.

Vale aquí hacer notar que entre las dos áreas de la ASF involucradas en la evaluación de los costos de la cancelación del NAIM —la auditoría especial del desempeño, por un lado, y de cumplimiento financiero, por el otro— hay una diferencia importante. Mientras desempeño, cuyo titular es Agustín Caso, afirma que el monto del quebranto fue de 331 mil millones, cumplimiento financiero, cuyo responsable es Lozano Dubernard, advierte que fue de 184 mil millones de pesos.

¿Cómo explicar la variación?

Comparando la auditoría 1394-DE con la Memoria 2014-2019 del proceso de cancelación aparecen algunos rubros que el segundo documento no contempló. Por ejemplo, los préstamos pendientes de cubrir (y que representan aún el 70% del total de los créditos adquiridos) cuyo monto rondaría los 100 mil millones de pesos. Tampoco fueron considerados por Lozano Dubernard diversas erogaciones relacionadas con la terminación anticipada de contratos y convenios por un monto aproximado de 7 mil 600 millones de pesos.

En conclusión, el monto calculado en la Memoria, más estos faltantes, aproximan el tamaño del quebranto a los 300 mil millones de pesos.

A lo anterior merecen añadirse los costos de la remodelación del actual AICM —obra emprendida una vez que el proyecto de Texcoco fue cancelado— así como los gastos de transporte y tiempo que los usuarios del nuevo aeropuerto de Santa Lucía tendrán que aportar de su bolsillo, los cuales son muy superiores a los que originalmente habría implicado el NAIM. Y también, la inversión que el gobierno de la República tendrá que realizar (infraestructura carretera y de transporte público) para conectar a los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles.

Una fake news no es solo una noticia falsa, sino una noticia fabricada deliberadamente para engañar. La disputa por los costos de la cancelación del proyecto del NAIM está infestada por este tipo de noticias.

La auditoría del desempeño 1394-DE y la Memoria 2014-2019, ambas sobre la cancelación del proyecto del NAIM, son el punto de partida al que debería regresar la autoridad hacendaria para dejar de mentir y la misma receta sería pertinente para el periodismo que abusa de los encabezados basados en filtraciones y, por tanto, carentes de fuente fidedigna. 


Ricardo Raphael

@ricardomraphael

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