La reforma judicial fue aprobada por el Congreso de Oaxaca en solo quince minutos. Ni doce horas transcurrieron desde que se votó en el Senado y a los legisladores de esa entidad les dio tiempo para decidir que no necesitaba ninguna modificación.
Lo mismo sucedió antes en la Cámara Alta, donde tampoco hubo disposición para cuestionar una sola coma.
Es preciso decir que la reforma sancionada el martes no es la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, tampoco la que se presentó en Diputados hace diez días, sino un texto mucho peor que los anteriores.
El principal problema no es lo que dice sino lo que no dice. La cantidad de detalles que los legisladores dejaron pendientes es enorme: ¿cómo se va a evitar que dinero ilícito llegue a las campañas? ¿Qué instrumentos se utilizarán para la rendición de los gastos? ¿Cómo serán las boletas? ¿Cómo se integrarán las casillas? ¿Cómo se utilizarán los tiempos de radio y televisión? ¿De qué manera se informará a la ciudadanía sobre las propuestas?
En resúmen, ¿cómo se garantizará la integridad de las elecciones para conformar al futuro Poder Judicial?
Estas y otras preguntas fundamentales tendrían que responderse no por la Constitución, sino en las leyes derivadas de la reforma. Sin embargo, ha sido previsto que no haya ley secundaria. En vez de ello se propuso que la norma electoral vigente llene los vacíos. También se ordenó al INE que resolviera las lagunas a través de reglamentos.
El problema con esta solución, nunca antes vista en México, es que la ley electoral vigente fue diseñada para elegir legisladores, cabildos municipales, gobernadores y presidente, no así jueces. La principal diferencia es que en los otros casos los partidos políticos ocupan un papel que no tendrá cabida en el caso de la integración del Poder Judicial ¿Cómo utilizar de manera supletoria una ley que no sirve para los comicios previstos?
En el mismo sentido, el INE no tiene facultades para legislar y no podría por tanto resolver la ausencia de la ley secundaria mediante un reglamento.
Zoom: La incondicionalidad e indolencia con que los legisladores están aprobando una reforma que muy probablemente no leyeron tendrá consecuencias graves porque se buscó demoler al Poder Judicial actual sin resolver la edificación de las instituciones que van a sustituirle.