Es la desproporción lo que llama a sospecha. El miércoles 24 de diciembre, muy temprano, arribó con prepotencia al domicilio del periodista Rafael León Segovia, en el municipio de Coatzacoalcos, un destacamento integrado por soldados, marinos y policías ministeriales.
Después de arrestarlo, Lafita León, como también se le conoce, fue presentado ante la justicia como terrorista por la fiscal general de justicia de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre.
El mismo día de la detención, la red social Facebook, donde León suele alojar sus notas, bloqueó prácticamente todas las publicaciones del periodista. Muy probablemente esta acción se debió a una orden judicial relacionada con la bomba jurídica arrojada por la fiscal.
Seis días después, el miércoles 30 de enero, Lafita León logró librarse de la peor imputación. El juez que revisó su caso no encontró méritos para vincularlo como terrorista, prueba de que la fiscalía veracruzana exageró dolosamente su actuación.
Sin embargo, el periodista permanecerá privado de la libertad en su domicilio, como máximo un año, en lo que la fiscal Jiménez logra probar que habría encubierto crímenes de un tercero, al tiempo que cometió delitos contra las instituciones de seguridad pública.
León asegura estar siendo víctima de un acto deliberado de intimidación relacionado con su actividad profesional, ya que en el pasado denunció reiteradamente a la justicia veracruzana.
Entrevistado al salir de los juzgados, el imputado señaló que en su contra había pruebas muy débiles: el supuesto testimonio de un delincuente en cuyo celular apareció su nombre y algún mensaje.
Sin embargo, durante la audiencia que tomó más de siete horas no se exhibió la evidencia que lo incriminaría. Argumentó León que la fiscalía omitió hacerlo porque dichas pruebas no resistirían el más mínimo análisis jurídico.
Es grave que con tanta ligereza pueda acusarse de terrorismo a un periodista y luego ordenar el ocultamiento de su trabajoen las redes sociales.
Se trata de una obvia represalia que va más allá del caso concreto, ya que el uso del derecho penal para limitar la libertad de prensa es un recurso cada día más utilizado por los gobernantes autoritarios.
Zoom: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que en su estado perdura la libertad de expresión, “hasta con exceso”. ¡Curiosa expresión! Aquí lo único excesivo es la repudiable intimidación.