“Distractor orquestado” fue como Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la teatral detención de Ernesto Ruffo Appel, el primer panista que conquistó una gubernatura —Baja California, en 1989— y apuró con ello la alternancia.
El exsenador y exalcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, también del PAN, criticó que se tratara con indignidad a un personaje que ocupa un lugar tan relevante en la historia de México. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional del naciente partido Somos México, emitió la más enfática de las declaraciones: exigió “la liberación inmediata e incondicional” del exgobernador y calificó la detención de “arbitraria e ilegal”, “un atropello inaudito” y “una infamia absoluta”.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se tratara de un asunto político: corresponde ahora al juez, dijo, determinar la responsabilidad con base en las pruebas.
Sería ingenuo suponer que no hay motivaciones políticas detrás de esta detención, pero igual de ingenuo sería asumir que se procedió sin elementos ni pruebas. Lo político es aquí una navaja de doble filo: el primero apunta, obviamente, contra el exgobernador; el segundo se dirige hacia la Fiscalía General de la República (FGR), pues, si Ruffo no fuera imputado o terminara exculpado, el costo para la fiscal Ernestina Godoy sería muy alto.
A pesar de lo difícil que resulta hoy un análisis objetivo, hay dos preguntas cuyas respuestas ayudan a despejar la niebla: ¿hay realmente un delito que perseguir? Y, de existir, ¿qué pruebas puntuales de la responsabilidad de Ruffo Appel están en manos de la FGR? La primera se responde con facilidad; la segunda enfrenta más dificultades.
En realidad no hay uno, sino varios presuntos delitos relacionados entre sí, y su talla los hace muy visibles. El lunes 7 de julio del año pasado, la autoridad descubrió treinta y tres carrotanques estacionados en el patio de una estación de trenes en Ramos Arizpe, Coahuila. Contenían 3 millones 960 mil litros de diésel y gasolina. Al cotejar los registros, se advirtió que ese hidrocarburo estaba vinculado a un pedimento de importación tramitado ante la autoridad aduanera por la empresa Ingemar S.A. de C.V., cuyos socios principales son José Merino Valdés Cuervo y Ernesto Ruffo Appel.
Ese mismo día, en la estación ferroviaria de Saltillo, se encontraron noventa y seis carrotanques más, cargados con otros once millones de litros de combustible. La documentación reveló que la empresa de Merino y Ruffo estaba también relacionada con ese cargamento.
Al avanzar la investigación, la Secretaría de Seguridad federal se topó con dos fraudes relevantes. Por un lado, Ingemar habría falsificado papeles para hacer pasar por aceite la gasolina y el diésel importados desde Texas con el presunto fin de evadir impuestos. Por otro lado, respecto de una parte del cargamento, habría declarado apenas 10 por ciento del total de hidrocarburo hallado en los contenedores.
Después de esos hallazgos se localizaron otros treinta y cuatro carrotanques en el patio ferroviario de Vanegas, San Luis Potosí, con más de cuatro millones de litros; y diecisiete más que recién habían cruzado la aduana de Matamoros, de los que se decomisaron dos millones 40 mil litros.
La hipótesis criminal sobre la que la FGR abrió la carpeta de investigación presume que Ingemar habría usado sus permisos de importación para burlar a la autoridad aduanera mediante bitácoras y facturación falsas, documentos alterados y pedimentos de importación
simulados.
En los días posteriores a que se dieran a conocer estos decomisos, Ernesto Ruffo salió en su defensa: sostuvo que su empresa no era dueña de esos millones de litros de combustible ilegal pues se limitaba a tramitar los permisos de ingreso al país.
Será, sin embargo, una tarea muy espinosa para los abogados de la empresa de Merino y Ruffo probar que Ingemar no tuvo nada que ver con la documentación fraudulenta presentada ante la autoridad para que los carrotanques entraran a territorio mexicano sin pagar los impuestos que exige la ley. Así como es innegable que —de haber ocurrido este fraude monumental— hubo autoridades involucradas en autorizar el ingreso, también lo es que Ingemar habría estado igualmente involucrada.
Así se responde a la primera pregunta: el caso implica a Ingemar en al menos dos delitos, el fraude aduanal y la delincuencia organizada para cometerlo.
En cuanto a la responsabilidad de Ruffo Appel, la autoridad tendrá que probar que él, personalmente, participó en la planeación, la ejecución y el beneficio de las decisiones que condujeron al ilícito. ¿Firmó documentos? ¿Autorizó operaciones? ¿Emitió órdenes? ¿Conocía los beneficios? ¿Se favoreció en lo individual con esas operaciones?
De acuerdo con nuestra Constitución, no basta con ser socio o accionista de una empresa para que se le puedan fincar delitos. La imputación penal es personal, y por tanto la autoridad está obligada a demostrar con precisión no solo la responsabilidad individual, sino su magnitud; de lo contrario, sería imposible después imponer un castigo proporcional y personalizado a los actos cometidos.
Dado que, al parecer, Ruffo no desempeñaba ningún cargo dentro de Ingemar, resolver este imperativo constitucional será difícil para la FGR. Queda, sin embargo, la otra acusación anunciada por Ernestina Godoy: Ruffo podría haber incurrido en delincuencia organizada. Para acreditarla, el ministerio público necesitaría probar que el exgobernador tuvo conciencia de pertenecer a una red que, de forma permanente y reiterada, tenía como fin la importación fraudulenta de combustibles.
¿Pudo Ruffo ser socio de Ingemar sin estar consciente de las actividades a las que se dedicaba la empresa? ¿Obtuvo ingresos por las operaciones registradas como ilegales? ¿Participó en las juntas de accionistas donde se conocieron sus resultados? Como socio, ¿emprendió acciones dolosas dentro de la supuesta red criminal?
De este análisis se desprende una primera conclusión: afirmar que la detención de Ernesto Ruffo Appel es un hecho meramente político solo puede sostenerse si se desconocen las imputaciones que pesan en su contra.
Ahora bien, para vincularlo a proceso y evitar que el caso se derrumbe más tarde en los tribunales, la FGR necesitará probar la responsabilidad personal del exmandatario panista, la conciencia que habría tenido de los hechos delictivos y los beneficios que recibió por su supuesta participación en la red criminal.