Hace tiempo que no dialogo con mi amigo Jorge Zepeda Patterson, como solíamos hacerlo con frecuencia en otros tiempos. El texto que publicó este jueves en MILENIO, titulado “Y sin embargo… los pobres”, me devolvió las ganas de debatir con él.
Afirma ahí que la explicación principal de la popularidad con la que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a su segundo Informe de gobierno está en el bolsillo de una mayoría que no vive entre las clases acomodadas. “El sentido común —escribe— de un pasajero del Metro… o de una costurera es distinto al de quien habita una casa con cochera para dos autos”.
Tiene razón cuando sostiene que con el gobierno de la llamada cuarta transformación ocurrió una transferencia masiva de ingreso hacia los trabajadores. De acuerdo con el Inegi, la participación de las personas asalariadas en el PIB pasó de 26.7 a 30.8 por ciento, mientras el excedente empresarial disminuyó de 44 a 40 por ciento.
A esos datos se suman los de pobreza. Entre 2018 y 2024, la pobreza multidimensional cayó de 41.9 a 29.6 por ciento y la pobreza extrema de 7 a 5.3 por ciento. Añade Zepeda que el salario promedio de los trabajadores del IMSS pasó de 10 mil 770 a 20 mil 419 pesos, es decir, casi se duplicó.
(Conviene advertir, sin embargo, que la proporción de personas ocupadas que no están inscritas en el IMSS se mantiene en un necio 56 por ciento, y por tanto ese argumento no aplica para la mayoría).
Zepeda sostiene que la aprobación presidencial, que ronda entre 68 y 69 por ciento, se debe a esa reconfiguración de la riqueza, lograda gracias a las transferencias sociales y a la elevación del salario. Ese sería el escudo que protege a Sheinbaum de otros problemas políticos, como la corrupción o el rechazo a la política de seguridad, dos asuntos que ciertamente pesan, y con gravedad, en el ánimo de la mayoría.
El 84.1 por ciento de las personas percibe la corrupción como un problema frecuente; no veíamos un indicador tan elevado desde 2017. Y mientras el año pasado sólo 5 por ciento la señalaba como el principal problema del país, en 2026 esa cifra brincó a 24 por ciento. Por encima de la corrupción sigue estando la inseguridad: 76 por ciento tiene una opinión negativa de la gestión del gobierno en la materia.
¿Será que, como dice Zepeda, a la mayoría le importa más el tema económico que la corrupción o la inseguridad? Creo que salta demasiado rápido a esa conclusión.
El nivel de aprobación de la Presidenta no captura —no podría— todos los motivos que se conjugan cuando las personas evalúan la cosa pública. Aun aceptando que la redistribución explica en parte el apoyo a la mandataria, hay otros elementos que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo que, a pesar de la corrupción rampante, 80 por ciento considera que Claudia Sheinbaum es una mujer honesta.
Esto querría decir que los episodios de corrupción en los que estarían involucrados personajes muy importantes de Morena —los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— no han tocado a la Presidenta porque una inmensa mayoría asume que ella poco tiene que ver con esa gente. Y esa percepción se ha visto reforzada por un deslinde suyo cada día menos sutil.
La otra cosa que merece mayor análisis es la paradoja de que la política de seguridad enfrente a una mayoría detractora y, al mismo tiempo, el secretario federal de seguridad, Omar García Harfuch, sea uno de los funcionarios mejor evaluados del gabinete. Es difícil explicar esa contradicción sin caer en especulaciones, pero cabe suponer que la sensación de inseguridad coexiste, hasta ahora, con el beneficio de la duda otorgado al equipo de Sheinbaum.
Mi mayor diferencia con Zepeda, sin embargo, tiene que ver con la sustentabilidad del modelo político-económico del lopezobradorismo. Si bien al final de su texto reconoce que redistribuir riqueza sin crecimiento no es un camino que lleve muy lejos, es justo ahí donde se encuentra la mayor debilidad de la cuarta transformación.
Se agotaron las posibilidades de seguir ampliando las transferencias sociales; tampoco será posible continuar elevando el salario sin atender la productividad y, tan importante como eso, sin reducir la informalidad laboral.
Dicho descarnadamente: la mejora en pobreza y redistribución se logró con deuda, no con productividad. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, bajó a 0.39 gracias a las transferencias sociales; sin ellas sería 0.42, el mismo nivel de 2018. Mientras tanto, el déficit público saltó de 2 a 4.8 por ciento del PIB y la deuda aumentó nueve puntos.
Si algo llama la atención del modelo de la cuarta transformación, que se presume de izquierda, es que no tenga planteada una reforma fiscal que dé sustentabilidad a la redistribución lograda; no a partir de la deuda y el déficit —que en el mediano plazo serán una carga para el usuario del Metro y también para la costurera—, sino de un marco tributario que entregue al Estado mexicano los recursos que necesita invertir para alcanzar una tasa aceptable de crecimiento.
O México crece por encima de lo proyectado para el resto del sexenio, o muy pronto el bolsillo de la mayoría terminará por abandonar el proyecto político que Zepeda y muchos otros defienden.
No es una profecía, sino una tendencia que ya ocurre. Es revelador el desplome de Morena, que, a diferencia de Sheinbaum, hoy no rebasa 40 por ciento de aprobación. Lo es también el crecimiento del contingente que se asume independiente y que, por encima de Morena, ya representa 42 por ciento de la población.
Si López Obrador echó a andar una transformación social, Claudia Sheinbaum será juzgada por su capacidad para que esa transformación no se revierta. Y probablemente lo segundo termine siendo mucho más difícil que lo primero.