Tres presidencias después seguimos sin conocer quiénes fueron los autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas, ni sus móviles. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fue absuelto de los cargos alusivos en 2022 y nuevamente en 2025, aunque, a pesar de los mejores esfuerzos de las fiscalías de López Obrador, sigue preso por otras sentencias graves desde su arresto en 2014. Murillo Karam, el de la verdad histórica, fue detenido en 2022, aunque hoy vive bajo arresto domiciliario porque el caso contra él apesta a chivo expiatorio, y Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal acusado de ensuciar el caso, está a salvo de toda pesquisa en Israel. Y el puñado de sicarios, policías locales y soldados también en la cárcel, no han aportado grandes pistas.
Adán Casarrubias Salgado, El Tomate, uno de los cuatro hermanos que regenteaban Guerreros Unidos, grupo involucrado en la masacre, fue detenido en 2014 junto al flamante alcalde de Cocula —sí, la del basurero—, pero su proceso se arrastró en México hasta que Peña Nieto secó inexplicablemente esa fuente al extraditarlo a Chicago en 2022 a que enfrentara cargos por tráfico de heroína.
El GIEI, grupo de investigadores forenses que vino al país en 2014 literalmente a cribar las cenizas de la masacre, le suplicó sin éxito al gobierno peñanietista pedirle a la DEA las transcripciones de los mensajes presentados en el juicio de El Tomate, por contener estos una crónica en tiempo real del crimen. No llegaron a México sino hasta 2018, a insistencia de López Obrador, quien, recién investido, juró públicamente renovar la búsqueda de los muchachos. En los hechos el asunto fue muy otro: tras un sexenio de ver politizada esa tragedia hasta la náusea, en 2023, habiendo evidenciado a cabalidad la colusión entre narcos, policías y militares, el GIEI entregó su reporte y anunció que abandonaba México: “categóricamente se ha tratado de frenar las investigaciones, se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”, dijo Ángela Buitrago, una de las cabezas de la agrupación.
La buena noticia es que, en días pasados, Claudia Sheinbaum invitó formalmente al GIEI a regresar. Lo hizo luego de que los padres de los desaparecidos amagaran con tomar las calles a meses de comenzar el mundial, pero no se fijen. Y, la noticia mejor: a principios de este mes, a 11 años del crimen, un juez tamaulipeco falló a favor de una demanda presentada años atrás por esos mismos padres de familia, ordenándole a la Sedena entregarles la totalidad de la información del caso que, una y otra vez, el GIEI solicitó en su momento sin jamás obte ner respuesta.
Lamento decir que estamos muy lejos de echar las campanas al vuelo: como cuando su antecesor prometió de todo y sin medida y luego nomás se hizo ganso, aunque el juez norteño estimó un faltante de 853 folios de inteligencia clave retenidos por el Ejército, la Presidenta calificó el fallo de cuestionable, alegando que no había necesidad, si seguramente el Ejército había turnado ya todo lo pertinente.
Eso sí, para el pase de lista se pintan solos.