Aquellos que no estudian la Historia están condenados a repetirla, dijo Jorge Ruiz de Santayana. Yo acotaría que también están condenados a no verla venir: esta semana los fiscales del distrito sur de Nueva York anunciaron 30 páginas de nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, donde incluyen, además de los alusivos al tráfico de coca, el de encabezar un sistema represivo orquestado desde el Estado, responsable de torturar a un sinnúmero de víctimas, entre estas a ciudadanos estadunidenses.
El añadido es interesante porque no hace falta. Cuando alguna de las oficinas del Departamento de Justicia tiene un caso bien armado, frecuentemente se desestiman los cargos relacionados en otras cortes de otros estados de la Unión, sobre todo cuando se espera una sentencia sustancial y no tendría sentido armar otro juicio costoso, arriesgado y largo. Así sucedió el año pasado, cuando la fiscalía de Nueva York anunció que dejaba caer sus acusaciones contra Ovidio Guzmán para dejarle el caso entero a sus pares de Chicago.
Me cuesta pensar que la fiscalía sur de Nueva York no hubiera tenido ya material suficiente como para montar un proceso sólido contra Maduro y Cilia con los cargos existentes. Con todo, el fiscal al mando, Jamie McDonald, dijo, cuando anunció las imputaciones que abarcan desde 1999 a la fecha, que algunos de los supuestos crímenes eran impensables y “el epítome de la corrupción”.
Y sí, el documento se despliega como película de horror: Maduro riéndose luego de recibir descripciones de las sesiones de tortura y amenazando con mandar matar al hijo pequeño de una de sus víctimas. Víctimas que eran cegadas, hambreadas, drogadas, aisladas, forzadas a comerse su propio vómito y golpeadas hasta que las enviaban al hospital. Víctimas secretamente entregadas a las Farc, donde les daban choques eléctricos en los testículos y se les decía que, si no confesaban lo que planeaban contra el gobierno, violarían a sus hijas. A Flores se le acusa de desarrollar el sistema que permitió las atrocidades en su calidad de jefa del Interior y vicepresidente, y de asegurar la corrupción del ejército, de las policías y del sistema de justicia para reprimir y silenciar a los enemigos políticos por medio de los citados actores del Estado, sí, pero también gracias al uso de la violencia de sus cómplices narcos para amedrentar, matar o silenciar a los opositores. Más o menos como en los cargos contra Rocha Moya y sus secuaces en Sinaloa.
Nada que el mundo no supiera o sospechara. Pero, aunque Sheinbaum quiera hacer parecer que así es, los secretos a voces no le bastan a las cortes al norte del Bravo: quizá por eso quien fuera por años jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana, el general Hugo Carvajal, aceptó su culpa en el mismo paquete de cargos que tiene a los Maduro en la cárcel y comenzó a cooperar con los fiscales. Lo mismo que Alex Saab, preso por corrupto y por lavarle dinero al castrochavismo, quien, por cierto, tiene cercana relación con no pocos operadores de Morena.
¿No les suena todo aunque sea un poquito familiar?