Desde el 27 de mayo del año pasado nos recetaron la Ley de la Guardia Nacional que, prometió el Presidente, sería provisional, nunca reprimiría al pueblo y estaría siempre bajo mando civil. La razón de la voltereta esgrimida por AMLO, quien pasó largos años en campaña vilipendiando al Ejército y jurando que enviaría a los soldados a los cuarteles al primer día, fue el combate al flagelo del crimen organizado.
Bien sabemos que eso no ha sucedido ni remotamente: no hemos tenido en este gobierno un solo operativo que haya impactado de manera significativa la cotidianidad del narco, y la violencia y la delincuencia siguen imparables.
La tendencia a mentir de López Obrador vuelve inútil preguntar si el motivo del fracaso quizá sea que los elementos de la Guardia han estado muy ocupados en la frontera sur haciéndole el trabajo sucio a Donald Trump; lo cierto es que la deferencia mostrada una y otra vez por nuestro Presidente hacia los capos en general y hacia la familia de Joaquín Guzmán en específico hacen difícil creer que esa militarización obedeció al propósito inicialmente esgrimido. El asunto es que, sin abordar causas o consecuencias, ahora dicen que la nueva “Colaboración de las Fuerzas Armadas es necesaria debido a que la Guardia Nacional ha tenido un despliegue por debajo de lo pronosticado y la violencia en el país no ha disminuido”.
Es preocupante pensar en cuál será realmente el uso que se le dará a esta nueva Guardia recargada, porque el récord de bateo del Presidente no es alentador: la promesa del mando civil la incumplió casi de inmediato, cuando presentó al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como cabeza de la estructura. La de no agredir al pueblo tardó unos meses más, cuando vimos a los uniformados agarrando a macanazos a los migrantes, mujeres y niños incluidos, y la provisionalidad la acaba de reventar por decreto, aunque técnicamente haya fecha del 27 de marzo de 2024 para deshacer el presente entuerto: justo cuando esté terminando su sexenio.
El decreto dice así, en su primer artículo: “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”. Pero en el quinto queda claro que eso es apenas un buen deseo: “Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente (…) estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”. Es decir, que será el mismo Ejército quien se supervise y castigue a sí mismo. Y ya sabemos cómo lo hacen: el 19 de marzo de 2010 murieron Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, dos estudiantes del Tec de Monterrey; cuando los soldados entraron al campus persiguiendo a unos sicarios y encontraron los cuerpos de los chicos caídos por sus balas en el fuego cruzado, Jorge estaba todavía vivo. Por todo auxilio obtuvo un tiro de gracia y una metralleta sembrada en sus manos y en las de su compañero. Aníbal Trujillo, entonces coronel de justicia militar, es hoy el director de Derechos Humanos del Ejército.
¿Qué puede salir mal?
@robertayque