Manuel Velasco, esquirol del partido de Estado, ex gobernador de Chiapas y hoy senador y coordinador del Partido Verde, dijo que Morena y sus aliados tenían asegurados “en un 99.9 por ciento” los tres votos que les faltaban para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta.
Casi inmediatamente después, por medio del bendito Twitter, Leti Robles de la Rosa, periodista con muchos años cubriendo las Cámaras, nos informó que “Los senadores del @PRDMexico Araceli Saucedo, de Michoacán y José Sabino Herrera, de Tabasco, se negaron a contestarme si están o no con Morena en el @senadomexicano en respaldo de la reforma al Poder Judicial”, mencionando que luego de su pregunta hasta salieron corriendo. Cualquier mexicano con dos neuronas en funciones sabe que eso significa que sí, que sí lo están, o al menos que lo están considerando seriamente. Y si no son ellos serán otros: para la dictadura de partido revivida, comprar un senador, o tres, o diez, es cosita de nada. Ya vimos que cada ciudadano les sale como en tres mil pesos, nomás.
En realidad nada de esto tiene ya la menor importancia. Porque la democracia mexicana no ha muerto en una explosión revolucionaria, en un levantamiento popular o militar que instale a un tirano por la fuerza de manera apocalíptica y súbita, no; ha caído por el debilitamiento gradual y constante, desde el poder, sin resistencia ciudadana, de cualquier contrapeso o rendición de cuentas que le estorbe a la autocracia. Como cuando los consejeros del INE le entregaron al ejecutivo el control total del Poder Legislativo, y de paso la cabeza de un Instituto Electoral antes independiente.
Ayer y hoy, con la objeción de lo que queda de la oposición, los diputados que una y otra vez han pasado las iniciativas enviadas por el Presidente sin cambiarles ni una coma, sin leerlas siquiera, van a hacer como que revisan los puntos de la mal llamada Reforma Judicial, una que será aprobada después del primero de septiembre, cuando entre en funciones la nueva y desproporcionadamente Morena Legislatura LXVI, que no fue ganada en las urnas, sino en amarres en lo oscurito, y que resulta necesaria para hacer cambios constitucionales. El golpe de Estado técnico, también llamado plan C, le dará a presidencia las facilidades necesarias para corromper nuestras elecciones por venir, sean éstas de jueces, de diputados, de gobernadores o de síndicos terceros municipales, y por ende de presionar a unos jueces que dependerán del visto bueno del mandatario para “ganar” en unas urnas con dados cargados.
¿Les gusta la certeza jurídica? ¿El derecho a la propiedad privada? ¿Las elecciones donde cada voto cuenta y es contado? ¿El poder apelar y defenderse cuando algún funcionario rencoroso manda a una abuelita a la cárcel por quererle quitar la herencia de su hermano? ¿El llevar a policías o soldados que disparan primero y preguntan después a responder por sus crímenes?
Pues mala suerte. Porque los mexicanos tuvimos 24 años la arrogancia de sentirnos libres, pero parece que ese gusto conservador y fifí nos lo sacudimos del todo en las elecciones pasadas.