Hay que tomar lo que nos dice García Luna en su carta del 13 de septiembre con un grano de sal. Nuestro ex secretario de Seguridad menciona en ésta que “es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA, los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”, cuando en realidad lo único que es del conocimiento público es el nivel de capitulación cómplice del gobierno mexicano ante el narco; en cuanto a pruebas, fuera de los testimonios del Rey Zambada y de otros capos ante las cortes al norte del Bravo, el gran público no ha visto nada más que el vergonzante video de López arrastrándose al besamanos con la mamá del Chapo.
García Luna también escribe que le pidieron que inculpara a ex presidentes y a empresarios a cambio de una sentencia mínima, pero aunque no tengo la menor intención de poner al formidable aparato de justicia estadounidense fuera de toda sospecha, en particular la fiscalía de Nueva York, recalcitrantemente autónoma, difícilmente se prestaría a corromperse únicamente para hacerle el juego a las veleidades de los políticos en turno. Basta recordar cómo reaccionó cuando el general Cienfuegos regresó a México sin un rasguño gracias a los contubernios entre López y Trump, donde éste pagó la eterna sumisión del primero haciendo que su fiscal general, Bill Barr, presionara sin éxito a sus similares neoyorkinos para soltarlo ante el terror del mandatario mexicano y de ciertos mandos en nuestras fuerzas armadas de que hablara: cuando los fiscales se vieron confrontados con el fallo de una jueza que accedió a las demandas de su Ejecutivo “en razón de preservar las relaciones diplomáticas entre ambos países”, renunciaron en masa. Una de las que salió fue Andrea Goldbarg, la formidable investigadora que dio los argumentos de cierre en el juicio del Chapo, y que ahora regresa a Nueva York de manera extraordinaria para llevar el del Mayo. Pero ese es otro tema.
Encima, García Luna no dice con claridad quién le propuso el chantaje, y esto es un punto álgido. Porque si bien es perfectamente creíble que los fiscales negociaran con él para obtener su cooperación y, por otro lado, que el gobierno mexicano le haya pedido al del amigo Trump que prostituyera la justicia para apuntalar su agenda por medio de la extorsión a jugadores claves en México, ambas acciones no deben ser metidas en el mismo saco: en el caso de la segunda, dificultó que los fiscales que llevaron el caso se hubieran prestado a hacerle a cambio de nada el trabajo sucio a un gobernante extranjero, y a uno que traen en la mira desde hace rato, sin que ardiera Troya.
García Luna no está revelando información que no tuviera antes. Falta ver qué cambió para que se sienta con la necesidad de soltarla ahora, a una semana de que López Obrador deje de ser Presidente —al menos, oficialmente— y a dos de que se le dicte sentencia, una que, de no haber imprevistos, lo dejará refundido en la cárcel por muchos años más.
Saquen las palomitas, que esta narconovela va para largo.