Vaya si dolió en Palacio la recomendación de avanzar al pleno de la ONU el catalogar la crisis de desaparecidos en México como crimen contra la humanidad, o de lesa humanidad. Y con razón: el término se originó durante los juicios de Núremberg, a la luz de los horrores del Holocausto, donde la palabra “lesa” refiere a lesionar, en el sentido de que el daño es de tal naturaleza que lastima a la humanidad en su conjunto.
La Corte Penal Internacional, en su artículo 7.1.i, define a la desaparición forzada como crimen contra la humanidad cuando el perpetrador, pudiendo ser el Estado o alguna organización política, secuestra y sustrae, o tiene conocimiento y otorga autorización y ayuda para sustraer o secuestrar, de manera sistemática y generalizada, a su población civil, negando el hecho y ocultando información respecto al paradero y condición de las víctimas a la cuales, encima, se les escatiman los derechos y protecciones otorgados por la ley.
El gobierno mexicano ha contestado con un reporte insensible y cuajado de otros datos, denostando a la ONU y anunciando que la cifra de 130 mil desaparecidos está inflada y que muchos se fueron por su voluntad. La Presidenta, por su parte, ha dicho ofendidamente que, a diferencia de la vieja dictadura, su administración no desaparece a nadie. Cosa que secunda la misma ONU cuando apunta que no tiene registro de desapariciones ordenadas directamente desde instancias federales. Lo que sí provee es abundante evidencia de la responsabilidad del gobierno a través de la colusión del ejército, las policías y los funcionarios públicos, a todos los niveles y preponderantemente de Morena, con el crimen organizado, el causante último de las desapariciones.
En el mejor de los casos, la complicidad se manifiesta en la total inopia ante los cadáveres que se apilan en el olvido de las morgues, en la protección a los entramados de dinero sucio, en los ineptos ministerios públicos que sobajan a los desaparecidos al tiempo que le extienden impunidad a sus verdugos, y en las fiscalías y policías que acosan y amenazan a quienes nos revelan la existencia de campos de reclutamiento forzado y de fosas comunes mientras defienden a los narcopolíticos que las hacen posibles.
Es un hecho que la cifra de desaparecidos se ha doblado desde que llegó al poder el movimiento de la Presidenta y de López Obrador, el que saludó amorosamente a la mamá del Chapo mientras insultaba a sus víctimas, el que una y otra vez se negó a recibir a las madres buscadoras, el que fondeó sus campañas con dinero del narco, el que hizo secretario de Gobierno al que le entregó Tabasco a La Barredora y el que militarizó a las policías al tiempo que encumbró y le dio impunidad al Ejército, ese otro causante histórico de las desapariciones en México.
Todo esto, y todos ellos, siguen hoy impunes gracias a una Presidenta que, una y otra vez, va de gira a Sinaloa a levantarle el brazo a un gobernador claramente alineado con la familia Guzmán. Es decir, una que “tiene conocimiento y otorga autorización y ayuda” mientras se la pasa “negando el hecho y ocultando información al respecto”.