Cada vez que una empresa abre sus puertas por la mañana, accionamos un interruptor y esperamos que la maquinaria funcione. Encendemos un equipo, línea de producción o sistema de refrigeración con la confianza de que el suministro será continuo. Sin embargo, cuando esa certeza comienza a desaparecer, comprendemos que la energía eléctrica no es simplemente un servicio público, sino una condición indispensable para el desarrollo.
En Nuevo León hemos comenzado a vivir señales que no deben normalizarse. Los apagones, las variaciones de voltaje y las limitaciones para atender nuevas demandas de energía no deben verse como incidentes aislados. Son síntomas que requieren atención con visión de largo plazo.
Nuestro estado se ha consolidado como uno de los principales motores industriales del país, lo que representa un enorme desafío para la infraestructura que sostiene ese crecimiento. La pregunta ya no es si necesitaremos más energía. La pregunta es si estaremos preparados para suministrarla.
Durante varios años, la inversión en infraestructura eléctrica no creció al ritmo de la demanda. Hoy ese rezago comienza a manifestarse en saturación de redes, restricciones para nuevas conexiones y un menor margen de operación del sistema eléctrico.
Las consecuencias son profundas. Para una planta industrial, un apagón puede detener líneas completas de producción y afectar cadenas de suministro. Para una pequeña empresa puede significar perder mercancía, cancelar ventas o suspender operaciones durante varias horas. Para las familias representa afectaciones en su vida cotidiana y en servicios esenciales. Y para Nuevo León implica perder competitividad frente a otras regiones que sí cuentan con infraestructura suficiente.
No se trata de un debate entre el sector público y privado. Se trata de garantizar que México cuente con la infraestructura que exige su desarrollo.
Lograrlo exige que cada autoridad asuma su responsabilidad. Al Gobierno federal le corresponde definir una política energética que responda al crecimiento del país; a la Secretaría de Energía, planear con visión de largo plazo; a la Comisión Federal de Electricidad, acelerar la inversión y el mantenimiento de las redes de generación, transmisión y distribución; a las autoridades regulatorias, brindar certidumbre y agilizar los proyectos estratégicos; y al Congreso de la Unión, impulsar el marco jurídico y presupuestal que permita desarrollar la infraestructura que México necesita.
La energía eléctrica es uno de los pilares de la competitividad nacional. Es esencial para atraer nuevas inversiones, generar empleos de calidad y bienestar público.
Nuevo León está listo para seguir creciendo. Lo ha demostrado durante años con trabajo, innovación y productividad. Ahora necesitamos que la infraestructura energética crezca al mismo ritmo.
Porque el futuro económico del estado dependerá, en buena medida, de que tengamos la capacidad de encender no sólo las máquinas, sino también las oportunidades que vienen para México.