Con frecuencia se piensa que la principal responsabilidad de una empresa es generar riqueza. Sin duda lo es. Pero reducir su papel únicamente a esa función sería desconocer la enorme contribución que miles de empresarios realizan todos los días para fortalecer a nuestra sociedad.
Las empresas también construyen ciudadanía. Lo hacen cuando generan oportunidades para que una persona mejore su calidad de vida mediante un empleo digno. Cuando impulsan programas de capacitación que permiten desarrollar talento. Cuando participan en proyectos sociales, educativos o ambientales. Cuando promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus comunidades. Y también cuando deciden involucrarse en los grandes temas públicos que definirán el futuro de nuestro estado y de nuestro país.
En ocasiones existe la idea de que el sector empresarial debe mantenerse al margen de los asuntos públicos, cuando en realidad es exactamente lo contrario.
Participar no significa hacer política partidista. Participar significa ejercer con responsabilidad el derecho y la obligación de contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones.
Una democracia sólida necesita ciudadanos activos. Y las empresas están integradas precisamente por ciudadanos.
Empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y consumidores compartimos los mismos desafíos: seguridad, movilidad, educación, justicia, infraestructura, salud y calidad del aire, entre otros.
Por ello resulta natural que el sector productivo aporte propuestas, conocimiento técnico y experiencia para construir mejores políticas públicas.
La participación ciudadana no debe comenzar únicamente el día de las elecciones. Debe ejercerse todos los días. En los consejos ciudadanos. En las organizaciones de la sociedad civil. En las universidades, en los organismos empresariales.
Nuevo León ha sido ejemplo nacional precisamente por esa capacidad de colaboración.
Los grandes avances que hoy distinguen a nuestro estado no fueron resultado del esfuerzo aislado de un solo actor. Han sido producto del trabajo conjunto entre ciudadanía, academia, empresas y Gobierno. Esa cultura de corresponsabilidad constituye uno de nuestros mayores activos.
Hoy enfrentamos retos complejos que ningún sector podrá resolver por sí solo. Por eso se requiere privilegiar el diálogo, la cooperación y la visión de largo plazo.
Las empresas no deben sustituir al gobierno ni pretender asumir funciones que corresponden al Estado. Lo que pueden hacer, y lo hacen muy bien, es aportar capacidades, experiencia y propuestas para construir mejores soluciones.
Porque cuando una empresa participa, no solamente está defendiendo intereses legítimos del sector productivo, está contribuyendo a construir una mejor sociedad.
La democracia y el desarrollo de todos no se construyen únicamente desde los gobiernos. Se construyen también desde cada empresa que decide asumir con responsabilidad su compromiso con la comunidad.
Cuando empresas y ciudadanos trabajan juntos por el bien común, quienes verdaderamente ganan son las futuras generaciones.