A una semana de la terrible tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, múltiples frentes de polémica se han abierto sobre este suceso: el político, el social, el técnico, y el legal.
En lo político, es claro que a los funcionarios tanto del Gobierno Federal como local, la tragedia les cayó como un balde de hielos con Gatorade, pero sin haber ganado el Super Tazón. A pocas semanas de las elecciones más críticas de la historia reciente, la 4T se está jugando la vida ante los pocos resultados que ha entregado a la ciudadanía antes y después de la pandemia; mientras que el parabrisas de su vehículo de aprobación, que parecía tener un solo destino, se empañó de forma inesperada. En lo social, todos recordaremos los desgarradores gritos de los familiares de las víctimas antes de saber que había sido de sus destinos, y peor aún cuando supieron el destino mismo.
En la parte técnica, se ha abierto una importante discusión del diseño, los materiales, la construcción y la operación de la Línea 12 al momento del accidente, en la que organizaciones especializadas como el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría están aportando lo mejor de su conocimiento. Sin embargo, poco se ha hablado de las responsabilidades que la ley mexicana impone para este tipo de casos.
Siempre he sostenido que uno de los temas fundamentales que nos distinguen de los vecinos del norte en cuanto a su desarrollo legal y social, es el concepto de responsabilidad. No me refiero a la responsabilidad social o moral, sino a la legal, aquella que implica que una persona que causa un daño a otra, asuma las consecuencias ante la afectación causada.
La responsabilidad es un elemento crucial para el desarrollo de los pueblos; señalar quién debe asumir la reparación de un daño evita la venganza y la retaliación, que afectan la convivencia jurídica y social.
En la facultad de Derecho de cualquier Universidad nos enseñan que en México existen tres tipos de responsabilidades: Las Civiles, que se refieren a los aspectos materiales/económicos que el evento cause; las Penales, que se refieren a la culpabilidad de los sujetos que causaron el evento que dañó sobre todo la salud y/o la vida de las personas; y las Administrativas, que se refieren a las acciones y/u omisiones generadas por los servidores públicos.
Pero en la vida nacional parece que este concepto de responsabilidades no se respeta ni se persigue, precisamente por el fantasma que ronda sistemáticamente en nuestra vida diaria: La impunidad.
En México no estamos acostumbrados, como en Estados Unidos, a que los errores, las negligencias y los actos ilícitos le cuesten muy caros a quien los comete, y vaya que si allá les cuestan caros...
Para nadie es una sorpresa. Desde sus comienzos la Línea 12 estuvo pletórica de historias llenas de escándalos y malas referencias. Como en las películas del bajo mundo, en las que los maleantes se exhiben en las noticias por sus frecuentes fechorías, desde la concepción de la llamada línea dorada del Metro se contaron toda clase de historias de manejos indebidos que nunca se han aclarado. Y cuando dicen que cuando el agua suena, es porque el río corre.
Es claro que a la par de esta guerra que ilumina el escenario circense político, algunas de las preguntas de fondo que todos nos formulamos son: ¿Quién asumirá las responsabilidades de esta tragedia? ¿Quién indemnizará a los familiares de quienes perdieron la vida o están en situaciones delicadas? ¿Quién reparará los daños materiales? ¿Cómo se evitarán a futuro sucesos similares?
La responsabilidad, que viene del latín responsum (responder), es un elemento crucial para el desarrollo de los pueblos. Todos los afectados por un acto irregular, deben ser reparados del daño por el causante.
El no “responder” genera heridas, desencuentros, desencantos, furia y rabia, ante eventos como la trágica pérdida de vidas de adultos, jóvenes y niños causadas por este terrible evento. No señalar responsabilidad es una clara manifestación de inequidad e injusticia natural. La razón por la que el Derecho calibra y promueve la responsabilidad es para evitar la venganza y la retaliación, que afectan la convivencia jurídica y social.
En este contexto, independientemente de si la obra fue mal o bien diseñada, construida y operada en condiciones satisfactorias o insatisfactorias. La cuestión de fondo es: ¿Quién operaba el sistema colectivo al momento en que esto sucedió? ¿Quién debía de estar al tanto de que las instalaciones estuvieran en buen o mal estado? No eran los diseñadores, no eran los constructores, no eran los supervisores: Era la administración pública local que se encontraba prestando un servicio público exclusivo, no concesionado y 100% controlado por ésta.
La obra fue inaugurada hace 8 años (2012). Desde entonces, la Administración Pública recibió y operó la Línea 12 y por lo tanto, todo lo que sucedió desde entonces y en lo sucesivo, es 100 por ciento responsabilidad de la Administración local, que tiene que responder por los daños causados a las víctimas, sin limitación alguna: tanto en la vía civil (indemnización monetaria), como en la penal (pérdida de vidas), como administrativas (errores y omisiones de los funcionarios públicos involucrados).
Si de las investigaciones se deriva que existen fallas de diseño, materiales o construcción, el Estado podrá “repetir” como se dice en el léxico jurídico --es decir voltearse y replicar la demanda-- en contra de las empresas responsables por ello, siempre y cuando sea legal y contractualmente viable después de tantos años. Pero es menester dejar claro que no es una obligación inmediata de estas empresas reparar las pérdidas. Los afectados no tienen derecho ni acción para demandar al consorcio constructor, a los supervisores o a los afectados. Existen muchos temas contractuales y legales que deben de entenderse y superarse para llegar a ese extremo, y que debemos entender como ciudadanos para que no se haga otra cortina de humo.
Quiero aclarar que esta no es una nota de “apología” al sector empresarial, o bien un ataque a la Administración pública. Simplemente considero que es importante poner en contexto los aspectos siguientes, tal y como operan nuestro sistema legal:
a) Si bien el evento trágico tendrá consecuencias políticas, realmente se trata de un tema jurídico de responsabilidades civiles, penales y administrativas.
b) Es importante que la ciudadanía no se deslumbre con las ideas de que las empresas son las directamente responsables. La administración pública tuvo y tiene la operación del sistema que causó los daños. Por lo tanto corresponde a ésta última responder en términos de una legislación civil, penal y administrativa (que es muy clara en estos casos) ante las víctimas para demostrar que el Estado de Derecho se respeta en nuestro país.
c) La responsabilidad de las empresas proyectistas, constructoras, supervisoras y proveedoras de materiales, deberá demandarla la Administración Pública, ante el hecho de que estas empresas terminaron sus contratos y aceptados sus servicios. En caso de queexistan vicios o defectos, y todavía estos sean exigibles, tendrán que probarlos y repetirlos en contra de los mismos. Es importante hacer notar que los afectados no tienen ninguna forma de reclamar esto a las empresas de dichos giros.
Es momento de que asumamos la cadena de responsabilidades. Si no tenemos la capacidad financiera para ello, debemos recordar que para eso existen los seguros. Pero es fundamental que no continuemos en una nebulosa de culpas.
El “responder” por los daños causados, es una forma de justicia y equidad que alienta el desarrollo de los pueblos. El omitir responsabilidades e imputar daños a los demás bajo contextos políticos de conveniencia es labor de cobardes irresponsables.
Los Mexicanos debemos de aprender a asumir las responsabilidades por nuestras acciones y omisiones. Esa es la verdadera honestidad que tanto se persigue y proclama en estos días, y que no vemos que se concreten en la práctica.
Roberto Hernández Garcia
Roberto Hernández, es abogado y presidente de la Sociedad Mexicana del Derecho de la Construcción, A.C.