En los últimos años la cultura en Coahuila ha tenido cada vez presupuestos menores y el poco dinero no se optimiza porque no hay planeación eficaz y eficiente al carecer de una política cultural que atienda y combata el rezago y marginación de amplios sectores de la población, en materia de cultura humanística.
Si se tratara de combatir en los espacios sociales básicos: las escuelas y los barrios –paralelamente a los planes del gobierno para atender la pobreza material y económica de los coahuilenses-lo que pudiéramos llamar la pobreza espiritual y sensible en un marco solidario de mejoría en la calidad de vida, ya estuviéramos desde hace tiempo de un movimiento social por la cultura.
La finalidad prescrita exige trabajar con el mayor rigor y la mejor capacidad de concertación y consenso para que la cultura se convierta en herramienta para fortalecer la tolerancia y la convivencia, fomentando el espíritu democrático y participativo en lucha contra la marginación y la criminalidad.
Para ello hace falta una verdadera consulta para construir un plan moderno, participativo, comprensivo, integral, útil, duradero, referencial y evaluativo.
Que atienda la cultura y tecnología; mejorando y modernizando los servicios culturales; que defina y fortalezca el vínculo entre la economía y la cultura, una cultura como recurso, creando las industrias culturales, haciendo una realidad la financiación pública y la participación privada; fortaleciendo la innovación y creatividad, a través del fomento de la creación cultural; formando un verdadero sistema de difusión, promoción y comunicación audiovisual y editorial, con políticas y estrategias de vanguardia, que den Identidad y modernidad; fortaleciendo las estrategias de cooperación y participación cultural con modelos de gestión cultural institucionales y profesionales; fincados en la interculturalidad y diversidad cultural y sobre todo con el reconocimiento de los derechos culturales.
Solo faltaría crear la carrera cultural de los funcionarios, las plantas docentes, los planes y programas de estudio aplicables en todo el estado, que acabaría con la improvisación y los nombramientos sin privilegiar los perfiles de personas que tengan capacidad administrativa y sobre todo antecedentes en la cultura y las artes.