Durante esta administración federal, es la segunda vez que de manera abierta y llana se desprecian nuestras leyes y las instituciones que en el devenir se han dado los mexicanos, incumpliéndose y buscando la manera de burlarlas descaradamente, bajo el pensamiento del presidente, sintetizada en su expresión “no me vengan con aquello de que la ley es la ley”.
Precisamente hace un día que se cumplieron 99 años de haberse dado la primera traición a la constitución de 1917, al firmarse los Tratados de Bucareli, dicha traición la fraguaron el presidente de México Álvaro Obregón y el de EEUU Warren Gamaliel Harding, uno de los más nefastos presidentes dicho por los gringos mismos, quien no alcanzó a firmarlos porque murió envenenado por su esposa, 11 días antes de aquel 13 de agosto de 1923.
Obregón, luego de mandar el asesinato de Venustiano Carranza, decidió hacer una sangrienta purga, primera fue Lucio Blanco, en Nuevo Laredo, cuando preparaba una revuelta en su contra; después en Tepehuanes, Durango, a Francisco Murguía; siguió Villa; mientras iniciaba las reuniones preparatorias del Tratado y su puesta en marcha; discrepó con de la Huerta, quien se opuso siempre a las intenciones de Obregón, igual que el Senador Francisco Field Jurado, a quien mandó balacear; más adelante le tocó a Salvador Alvarado, Fortunato Maycotte, a Francisco Serrano, en cuya celada murió también nuestro paisano el poeta Otilio González; continuó con Arnulfo R. Gómez, todos compañeros de armas de Álvaro Obregón, quienes se opusieron políticamente a Obregón y a ese tratado que firmó a cambio del reconocimiento de su mandato presidencial.
El meollo del caso era el párrafo cuarto del artículo 27 Constitucional y la fracción I, que era retroactivo en su aplicación y el gobierno de Obregón, sin derecho a ello se comprometió a que este párrafo no fuera aplicado retroactivamente; también convino antes del reconocimiento por los EEUU, que los ciudadanos norteamericanos expropiados por el reparto fuesen pagados en efectivo al tiempo de la expropiación en desigualdad con los casos mexicanos, así dejó sin efecto la aplicación del 27 Constitucional. Calles intentó enmendar el atropello, pero no logró hacerlo.
Lo lograría Lázaro Cárdenas, con ello recuperó la obligación de hacer cumplir la ley en sus términos originales.