Con la renuncia de Paula Ramírez Höhne como presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), efectiva a partir del próximo 1 de julio, arranca un proceso de transición en ese organismo, árbitro electoral, o mejor dicho: árbitro para el acceso al poder público.
Ramírez Höhne fue designada por el Consejo General del INE luego de un proceso de selección que consideró su trayectoria y conocimientos. Inició su periodo de siete años el 27 de octubre de 2021 con el proceso electoral extraordinario de Tlaquepaque.
Dos años después tendría, con el resto de las consejerías del IEPC Jalisco que integran el órgano colegiado, el proceso electoral local concurrente con el federal 2023-2024, en el que Jalisco renovaría la gubernatura, los 125 ayuntamientos y el Congreso estatal, bajo reglas locales y federales a cargo del Instituto Nacional Electoral, que conducía la elección presidencial, y la renovación del Congreso de la Unión.
Fue un proceso complejo y altamente polarizado, en lo local y lo nacional. Como en todo proceso, los actores políticos y mediáticos pusieron su centro de atención en el organismo, y en particular, en su presidencia.
Al proceso electoral se llegó con una reestructuración interna y el trabajo de consultas y diálogos sociales para la construcción de lineamientos de inclusión democrática, como los de paridad de género y de grupos históricamente excluidos.
La polarización tuvo clímax políticos y mediáticos en la jornada electoral del 2 de junio de 2024, el cómputo de votos y calificación electoral, que luego se extendió con una judicialización del proceso hasta diciembre de ese año.
Amenazas, algunas explícitas, demandas de remoción sobre su persona y consejerías ante el INE se promovieron, las que se han mantenido cual “espada de Damocles”.
Ante un escenario nacional y local analizado por largo tiempo, privilegiando la paz personal y la institucionalidad del organismo, da un paso de costado en un momento oportuno para que el actual Consejo pueda contar con una presidencia de cara al proceso electoral 2026-2027 que arrancará en octubre próximo, garantizando certeza y legalidad que Jalisco siempre requiere.
En esta coyuntura no está de más observar los posicionamientos públicos y privados de actores políticos. Hay quien lo festina con tufo de revancha personal. En un balance mediático y político, la realidad se impone: los del tufo son pocos, identificables.
Lo realizado al frente del IEPC Jalisco con su trayectoria en el derecho a la información y la transparencia, será oportunidad para establecer un referente en Jalisco sobre lo que implica la rendición de cuentas pública en momentos de cambio.
Mientras tanto, en este momento de transición institucional, se impone blindar ciudadanamente el organismo electoral para que se mantenga autónomo, independiente.
El intento de abordaje para cooptar al IEPC Jalisco no es sólo tentación. Está a la vista de cara al 2027 y 2030.