Sí, la suerte está echada (“álea iacta est”) sobre el Poder Judicial en México. No hay vuelta para atrás, insisten y sostienen sus impulsores desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que mancuernan en este proceso llamado segunda etapa de la cuarta transformación; proceso ad libitum, es decir, para el placer, al gusto de los promotores y ejecutores.
Dos hechos reafirmaron lo anterior: el Consejo de la Judicatura Federal desechó los amparos que le “impedían” entregar información al Senado de la República para determinar cuántos y qué cargos en Tribunales de Circuito (magistraturas) y juzgados entrarían al proceso de elección el 1 de junio de 2025 con sus respectivas personas titulares; y el pasado sábado, mediante un sorteo, con el apoyo de una tómbola, el azar determinaría el fin de carreras y trayectorias judiciales.
Un proceso de renovación del Poder Judicial, necesario, pero puesto en entredicho el método empleado (sorteos, evaluaciones para llegar a elecciones populares); un proceso de renovación del Poder Judicial, determinado sin el consenso suficiente, democrático.
1. En las campañas electorales para la elección y renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo federal no fue tema central y explícito la reforma al Poder Judicial, aun cuando sí fue una iniciativa que el Ejecutivo federal en funciones hizo el 5 de febrero. Constancias públicas están en que el tema que centró y promovieron las fuerzas contendientes fueron los programas sociales, no la reforma al Poder Judicial. Incluso, si observamos las plataformas electorales de las fuerzas políticas, sólo la del Partido del Trabajo la planteó, el resto no (ver: https://bit.ly/401AIai). Asegurar, así, que la reforma al Poder Judicial es un “mandato popular” es una extralimitación o carga postelectoral impropia que no concuerda del todo con la realidad (por decir lo menos).
2. Aún con una mayoría en el Congreso de la Unión de las fuerzas que materializaron constitucional y legalmente la reforma al Poder Judicial, de un poder de la unión, no justifica ni legitima (por más legal que lo sea), una reforma de tal envergadura e implicaciones sin incorporar la voz y voluntad de quienes optaron por una fuerza política distinta, así como el resto que no acudió a las urnas, pues la democracia no se reduce a una jornada electoral, aunque sea la más intensa.
“Álea iacta est” para el Poder Judicial de la Federación, y aún falta agarrar por los cuernos a los poderes judiciales de los estados. Un asunto de elecciones y designaciones públicas que no se ha resuelto y requiere algo más que soluciones como sorteos y elecciones populares. La democracia no es tan reducida como marcar la preferencia en una boleta. ¿O sí?