En febrero de 2009, ante la reacción del crimen organizado con bloqueos y quema de vehículos en carreteras y zonas periféricas del área metropolitana de Guadalajara, así como enfrentamientos armados, tras el operativo de fuerzas federales para capturar a Nemesio Oceguera Cervantes, autoridades de seguridad pública de Jalisco emplearon el término “Código Rojo” para indicar que de manera coordinada las autoridades atendían la situación.
El término Código Rojo, entonces, sólo era empleado en el ámbito hospitalario para indicar la reacción e intervención sobre un paciente en situación crítica (llevando el “Carro Rojo” con personal especial) que implicaba la reanimación de un paciente (entre otras situaciones, por problemas graves cardio respiratorios).
Desde entonces, Código Rojo significaba que las áreas de seguridad pública trabajaban juntas para manejar y controlar rápidamente la crisis de inseguridad, usando los protocolos de cada institución.
El concepto Código Rojo poco a poco fue apropiado por distintos estados ante situaciones similares de inseguridad y ahora se asume de manera natural.
Se supone que es una clave interna de instituciones públicas ante situaciones de emergencia y urgente atención de manera coordinada, aplicando protocolos establecidos de forma preexistente: comunicación, intercambio de información objetiva y verificada entre cuerpos de seguridad, protección civil, educación, salud, etc., entre los tres órdenes de gobierno.
Un Código Rojo, en principio, se entiende es interno para que las instituciones se activen de forma urgente de acuerdo con la situación emergente y crítica con impacto a la comunidad.
El Código Rojo se activa con información, lo cual puede anticiparse cuando hay una actuación prevista o planeada que tendrá efectos previsibles; o bien de forma emergente si no es una reacción ante actuaciones planificadas. Eso debe, estimo, estar precisado en el protocolo de activación.
Un elemento fundamental de todo protocolo de Código Rojo es disponer de un protocolo y manual de Comunicación en Crisis que todas las instituciones deben contar.
Lo sucedido los días 22 y 23 de febrero, considero, con base en lo informado por las autoridades, evidenció que no cuentan con un protocolo para Comunicación en Crisis, o si lo tienen, es deficiente. Las autoridades locales e incluso federales fueron reactivos (considero que para el operativo –causa de la crisis– no fueron informados para evitar fuga de información).
Lo anterior se evidencia al observar y analizar la información y piezas de comunicación que se elaboraron y difundieron esos días. Un vacío de información oportuna que llenó la población y propició noticias falsas.
Ahora, post eventum, es imprescindible llevar a cabo una evaluación de la información y comunicación institucional. No quedarse en los logros efímeros desconociendo o minimizando las carencias con efectos para la comunidad.