Vaya semana en el Congreso local al arrancar febrero. Los casos del diputado Leonardo Almaguer y Tequila los entretuvieron y paralizaron su agenda laboral legislativa, cuando cargan asuntos retrasados provocando vacíos y limbos legislativos. Que realizaron conferencias de prensa y foros, sí, ahí están las evidencias; pero a la par no hay registro alguno de sesiones de comisiones ni de sesiones del pleno.
Tres asuntos, por no hacer otra lista, tienen sobre la mesa, o bien, en algún cajón a la espera: la reforma sobre el proceso de elección e integración del Poder Judicial, las leyes secundarias en materia de acceso a la información y protección de datos personales (transparencia) y la correspondiente a eliminar trámites burocráticos.
De la primera, sobre el Poder Judicial, caminan a escondidas a estirones-negociaciones, sentando las bases que complicarán la conducción del proceso electoral que implica. ¿Están a la espera del impacto que provocaría la iniciativa de reforma político-electoral en el ámbito federal que en los próximos días presentará la Presidenta de México al Congreso de la Unión? ¿Esperan que se modifique la fecha constitucional que obliga a Jalisco a realizar esa elección de manera concurrente el primer domingo de junio de 2027?
En cuanto a la segunda, el 14 de enero se venció el plazo constitucional que el propio Congreso se impuso para contar con las leyes indispensables que hagan operativo el nuevo modelo de garantía de derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales. El efecto ante este incumplimiento: un limbo que no sólo afecta a las nuevas autoridades garantes, sino a toda persona para ejercer integralmente sus derechos implicados.
A lo anterior, se suma el no armonizar la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios de 2019, que, de acuerdo con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, vigente desde el 17 de junio de 2025, quedó abrogada el pasado 13 de enero, de acuerdo con el artículo décimo tercero de la ley nacional. Sus efectos, vacío legal que pone a Jalisco a la zaga en un proceso de transformación digital, que ya de por sí aventaja a las administraciones públicas, y consecuencias múltiples.
Por cierto, el nuevo modelo de acceso a la información y el de transformación digital de lo público, son convergentes.
¿Indolencia legislativa? Sí. Pero, a la par, si se observa el mapa nacional, cómo van en otras entidades en estos dos últimos temas, se constata una desarticulación donde cada uno jala y avanza sin una conducción, si no homogénea, sí dispersa e incluso contrapuesta. Un México fragmentado en políticas públicas.
¿A dónde vamos a parar?