Años atrás era novedad y exigencia. Ahora, ya no está en la agenda política, mucho menos social; pero ahí está, silenciosa, con otros rostros y mecanismos, empujada por unos cuantos, el derecho a saber, también conocido como derecho de acceso a la información.
Esta semana será límite en Jalisco. El centro de gravedad estará en el Congreso del Estado cuando sometan a discusión y, en su caso, aprobación (no hay de otra, el tiempo se termina) de una nueva Ley de Transparencia con base en el modelo impuesto desde la Constitución federal.
A pesar de su importancia y trascendencia, la definición del nuevo modelo legal e institucional que definan en el Congreso de Jalisco, estimo, no será el centro de atención. Otros asuntos serán su prioridad, como el paquete presupuestal del Estado para 2026, así como lo inconfesable: reparto de puestos mediante cuotas de los órganos internos de control vacantes y magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia.
¿Por qué estos mecanismos para garantizar el acceso a la información que favorecerían a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana no son de interés público como en otros momentos?
De manera hipotética, considero dos motivos, los cuales requerirán de análisis y verificación como causas que ayuden a garantizar este derecho fundamental:
1. El desarrollo y ejercicio de este derecho no logró liberarse de procesos burocráticos (antes bien, los alentó), alejándose de ser un medio desde la ciudadanía común. A la postre, fue un instrumento de uso al interior de los grupos de poder en el ejercicio del gobierno y gestores de trámites.
2. El modelo y recursos de acceso a la información cambiaron radicalmente con el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación. Mientras el modelo, que todavía se mantiene desde la administración de lo público, gira en hacer solicitudes, centrándose en disposición de documentos y la publicación de documentos con base en una lista de obligaciones, en la vida cotidiana se dispone de recursos y accede a más información sin recurrir a quienes manejan recursos públicos o realizan actos de autoridad; y para ver más anacrónicos los medios que la ley ofrece, con el desarrollo veloz de herramientas con inteligencia artificial se procesa y ofrece mayor información, superando tiempos, modos y contenidos con los que las administraciones públicas atiendan requerimientos de información. Y para aderezar lo anterior, está la resistencia interna, casi consustancial, de quienes están en ejercicio de lo público (arcana imperii).
Por lo pronto, es imperioso tener una ley y mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información y no comenzar 2026 con un vacío que limite o termine negando este derecho fundamental a saber, conocer, participar en la cosa pública.