A punto de concluir la LXV Legislatura Federal, desde la Cámara de Diputados, las y los legisladores pretende dejar precocidas en comisiones las 18 iniciativas de reformas constitucionales y dos en materia secundaria que envió al Poder Legislativo el pasado 5 de febrero, para que la siguiente Legislatura (LXVI), que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, las resuelva en el tramo constitucional que le compete.
La ruta establecida por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados (cámara de origen), establece que el “estudio” y discusión de los proyectos de dictámenes comenzará el próximo jueves 1 de agosto, para concluir el día 22 del mismo mes, es decir cuando las y los próximos integrantes de la LXVI Legislatura Federal estén a diez días de comenzar funciones.
La discusión de los proyectos de dictamen (ver: https://bit.ly/4cZzgc6) comenzarán con temas sociales (modificaciones al Artículo 123 de la Constitución) sobre apoyos a jóvenes, pensiones de retiro, salarios y vivienda de trabajadores, así como abordaje de temas de agua, alimentos y protección al medio ambiente, atención médica, salud y protección y cuidado animal.
Luego, continuarán con temas de vías y transporte ferroviario, percepciones y austeridad de servidores públicos, pueblos y comunidades indígenas, prisión preventiva oficiosa, áreas y empresas estratégicas, Guardia Nacional, simplificación administrativa y electoral, para concluir el 22 de agosto con la reforma al Poder Judicial.
Nada, a la fecha, de lo propuesto en las iniciativas del Ejecutivo federal presentadas el 5 de febrero pasado (ver: https://bit.ly/4ba6gNc y https://bit.ly/3VorYaj) se ha descartado ni se prevé desechar.
Si bien cada propuesta amerita un análisis y discusión pausada y serena, en todo el paquete se tienen algunas de calado mayor.
Es el llamado “Plan C”. Las y los legisladores salientes, obedientes, quieren concluir sus funciones con un cumplido unipersonal, y para ello, plantearon y llevaron a la práctica una ruta obnubilante: centrar la atención mediática y política en la reforma al Poder Judicial, simplificándola en la incorporación mecanismo de elección-designación de ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas.
Incluso, este tema, lejano, e incluso incomprensible del todo para el común de la población, implicó más que foros autorreferenciales de los actores promoventes, el uso de tiempos oficiales de radio y televisión para incrustarlo con spots en la opinión pública de forma reduccionista (habrá que ver qué tanto impacto tuvo esto último).
Lo grave y delicado de lo que sigue no está sólo en el tema de la reforma al Poder Judicial, sino los demás temas que ni siquiera han merecido ponerlos en la mesa pública, por ejemplo en la Reforma Político-Electoral para sustituir el Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como la desaparición de los órganos locales electorales de las entidades federativas; la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para convertirla en una dependencia del gobierno federal; y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los respectivos organismos autónomos locales en las entidades del país, para que dependencias gubernamentales asuman sus funciones.
La discusión y casi cantada aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de todos los dictámenes (requieren mayoría simple para ello y las personas legisladoras aliadas del Ejecutivo federal tienen el control), deberán ser presentadas ante el pleno de la Cámara de Diputados. Ahí, quedarán en “espera” para la siguiente Legislatura que en periodo ordinario de septiembre a diciembre siguientes discutirá y eventualmente aprobará, pues requiere mayoría calificada de sus integrantes (y que está por definir su integración final el INE con la asignación de diputaciones plurinominales).
De pasar el tramo de la Cámara de Diputados (cámara de origen), deberá ser turnada al Senado de la República, con nueva conformación, para su discusión y aprobación. Si pasa, además, ese tramo legislativo sin modificación que requieran ser devueltos a la cámara de origen, las Legislaturas locales (donde los partidos aliados del Ejecutivo federal tienen mayoría) deberán aprobar o rechazar las reformas constitucionales que les envíen.
¿Cuánto tiempo llevará esto? En urgencia, podrían llevarse el primer periodo de sesiones de la siguiente Legislatura federal.
Ahí queda todo definido. No. Faltarán las “letras operativas”, o en sentido estricto, la elaboración y aprobación de leyes secundarias respectivas en cada materia y las armonizaciones respectivas en las normas federales y leyes locales de las 32 entidades federativas, con base en lo establecido en las reformas constitucionales y las disposiciones transitorias de cada reforma.
En otras palabras, el tramo es largo y muchas cosas pueden suceder en ese inter, incluso, no hay que perder de vista que la nueva configuración del poder público en el país, en el ámbito federal y en las entidades federativas está en proceso de consolidación y transición, es decir, que las y los elegidos asuman sus funciones, y entonces habrá más claridad de la ruta que seguirá el “Plan C”.
Si el momento del ejercicio democrático ciudadano ya se ejerció el pasado 2 de junio, ahora llega el momento de hacer efectiva la democracia participativa. No se entregaron cheques en blanco el 2 de junio, se otorgaron atribuciones y facultades que siempre estarán sujetas al escrutinio y voluntad democrática de quienes las y los eligieron, por lo que cualquier cambio, modificación a nuestras normas fundamentales del ejercicio y acceso al poder deben estar sujetas no a la voluntad de legisladores y legisladoras, sino de quienes son los originarios del poder público.
X: @jrubenalonsog