Cuando la incertidumbre sobre el cómo y con qué se cierne en el proceso de renovación total del Poder Judicial de la Federación, se ha puesto sobre la mesa de la discusión pública la extinción y absorción-integración en la estructura gubernamental federal de siete organismos público antes de que concluya este año.
Se trata del INAI, la Cofece, el IFT y el Coneval, de carácter constitucional; la CRE y CNH, organismos reguladores, y la Mejoredu, el organismo descentralizado.
De finalidades y naturaleza institucional diferentes, todos fueron puestos en la misma tesitura y con los mismos argumentos de base para su intervención-extinción como ahora están: son costosos, respondieron a un modelo neoliberal que debilita al Estado y han sido motivo de corrupción al servir a intereses de grupos económicos. Argumentos a primera vista de peso, pero que en la exposición de motivos de la iniciativa no se sostienen con elementos verificables e incluso sólidos; sí debatibles, pero sin la consistencia requerida para cambios de tal envergadura.
Salvo el INAI, el resto ha guardado silencio ante esta iniciativa. Incluso, voces de la sociedad civil, articuladas entre sí, salen en defensa del INAI y el resto de los órganos garantes de las entidades federativas, que correrían la misma suerte; pero para el común de los mortales, el asunto lo tiene sin cuidado, e incluso, son inexistentes.
Su “inexistencia” de facto es lo preocupante, en particular en lo referente al INAI e IFT que tienen su razón de ser en la garantía y promoción de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 6° Constitucional.
¿Y a qué se debe su “inexistencia” de facto? Considero en que en sus años de existencia operaron de manera endógena y autorreferencial.
En su tiempo de existencia no lograron hacer que la gente, el común de los mortales, los hiciera suyos; no propiciaron ni mantuvieron como línea base de promoción el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales en la vida cotidiana. Si eso hubiera sucedido, ningún poder público se atrevería a tocarlos. Aunque recientemente pareciera, por sus promocionales de radio y televisión, que eso está en juego.
En otras palabras, no pusieron como centro que como organismos de Estado eran propiedad y conquista de la gente, no digamos ciudadana. Y ahora, en vistas a su extinción autonómica, recurren a lo mismo cuando tienen que dialogar en los espacios decisorios (Ejecutivo y Legislativo): defensa endogámica de supervivencia, en lugar de aprovechar el momento para que todas y todos los hagamos nuestros a partir de los derechos fundamentales que están en riesgo, y así, emprender un frente común.
¿Por qué el pleno de comisionadas y comisionados del INAI opera solo en esto, sin su Consejo Consultivo? _