Si no paramos la reforma electoral que se cierne en el Congreso de la Unión, perdemos todos. No hay condiciones; mejor dicho, nunca hubo condiciones para una reforma político-electoral de la envergadura que se plantea.
Resuelto el paquete presupuestal federal 2023, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se centrarán en una reforma electoral que surgió excluyente, y, por ende, antidemocrática.
La primera carta de reforma se puso desde quien detenta el poder público, llevando a las otras fuerzas políticas a contraponer las suyas. Se cubrió la forma de inclusión con un Parlamento Abierto donde sólo se oyó, no se escuchó; desde el poder público se alimentó y avivó el más bajo y dañino mecanismo antisocial, antidemocrático: la polarización.
Con el ingrediente antidemocrático de polarización se llega al momento de definiciones, sin escuchar a todas las partes, y sobre todo a los sujetos centrales de la democracia: las y los ciudadanos.
Tan no hay escucha que el presunto y perverso debate se centra en lo instrumental de la democracia, fundamental, pero no por ello sustancial: los organismos electorales (el nacional y los 32 locales), que, por cierto, han sido garantes en la siempre perfectible transición democrática mexicana.
En el perverso y reduccionista debate público, alimentado desde el poder público, se hizo a un lado elementos centrales: lo más nodal es la forma como todas y todos queremos ejercer nuestra soberanía, sí, esa que reside original y esencialmente en el pueblo, y que se manifiesta a través de quienes elegimos para que nos representen en el Congreso de la Unión. Con ella, emparejada, la representación definida desde los estados y ayuntamientos, donde estamos todas y todos, no desde una cúpula centralista. El espíritu federalista está, además, en riesgo.
Para nuestro sistema político, desde 1977, actores clave a través de los cuales se accede primariamente al poder público y se expresa la diversidad, pluralidad de nuestra nación, son los partidos políticos, instituciones de interés público. Debatir sobre este modelo de participación y acceso al poder público con partidos está excluido en el debate.
Y en todo esto, nos convertimos en “cuenta chiles”, reduciendo la democracia a pesos y centavos, y la sepultamos más porque no partimos de lo sustancial: cómo avanzar en mecanismos y garantías de participación ciudadana en sus dos dimensiones: el acceso y el ejercicio del poder público.
Rubén AlonsoTwitter: @jrubenalonsog