Mañana, comisiones legislativas de la Cámara de Diputados responsables de elaborar el dictamen para una reforma político-electoral, pondrán sobre la mesa sus cartas y comenzará la real negociación. A la fecha, hemos visto escaramuzas, o en el argot boxístico, peleas de sombra.
Ajustar las reglas del juego para el acceso al poder público es siempre necesaria, pues las condiciones, entornos, actores, recursos para ello cambian. Sin embargo, cuando las reglas obedecen a un solo grupo, y este es quien está en el poder, el margen se reduce a su permanencia y exclusión, atentando contra un principio democrático básico: la equidad en la contienda.
La historia de la construcción democrática en México tiene características, que ahora no se ven por lado alguno: todo cambio en las reglas del juego democrático surgió desde la oposición y grupos ciudadanos no partidistas, es decir, fuera de los espacios del ejercicio del poder público.
A la par, los cambios político-electorales obedecieron a necesidades y entornos críticos sociales, pues a través de las reglas del acceso al poder, la sociedad diseñó herramientas e instituciones para la inclusión, la participación, el ejercicio del poder democráticamente.
El grupo en el poder, con resistencias mayores o menores, fue flexibilizando sus posiciones, pues consciente era que al cambiar las reglas su permanencia quedaba en riesgo. Nuestra historia, desde mediados del siglo XIX hasta entrados al final del siglo XX, deja inevitables testimonios y experiencias que la legítima aspiración de mantenerse en el poder no se sustenta desde y con reglas del juego electoral, sino por un ejercicio del poder público reconocido y legitimado democráticamente.
¿Qué estará en juego en los próximos días? La destrucción o fortalecimiento del andamiaje institucional que a México y las 32 entidades federativas le ha garantizado el acceso al poder público en paz, condición sine qua non, desarrollo personal y comunitario, convivencia social armónica, salud, educación, confianza, no sólo se pone en riesgo, sino se destruyen.
Reitero: el horno social no está para bollos; 2023-2024 es punto de quiebre como para generar condiciones de escenarios inimaginables, experimentando modelos y formas de representación soberana y acceso al poder público.
Por cierto, espero no sea esto presagio de repetir la historia: ayer se cumplieron 187 años en que el Congreso aprobó las bases que pusieron fin, arbitrariamente, al sistema federal de gobierno establecido en la Constitución de 1824, anulando la soberanía de los estados y formalizando un sistema centralista.
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