Hace 25 años, la transparencia como derecho de acceso a la información fue parte nodal de la agenda pública. Se exploraron y diseñaron marcos jurídicos e institucionales con objetivos (más bien deseos) que con ello se favorecería la rendición de cuentas, se combatiría la corrupción, se alentaría la participación ciudadana en la cosa pública y se mejoraría la calidad de vida de las personas.
¿Se han cumplido esos objetivos? Tal parece que no. Pareciera que se favoreció una práctica y cultura de cínicos; desencanto de lo público, pérdida de confianza ciudadana frente a sus gobiernos, caída de participación ciudadana en procesos electivos, corrupción que supera lo antes visto, y qué no decir de la calidad de vida.
El derecho de acceso a la información para la transparencia se burocratizó, se cuasi-judicializó (trámites burocráticos en solicitudes y respuestas de información como demandas, que luego terminaban en recursos ante organismos que centraban su éxito en resolverlos…), se convirtió en una carga administrativa para las administraciones; la herramienta de y para ciudadanos se pervirtió desde los espacios de poder al emplearse e incluso monopolizarla para el golpeteo interno y/o venganzas políticas; la información fundamental, corazón de la transparencia, resultó no significativa para los sujetos del derecho, pues además de incomprensible resultó, en algunos casos, doble o paralela a la real sobre el ejercicio de lo público. En 25 años, no se logró que las y los ciudadanos se apropiaran de este derecho. Se mantuvo y fortaleció para unos cuantos e “iniciados”. ¿Qué falló? ¿En qué fallamos?
Ahora, entraremos a un modelo de garantía de este derecho fundamental que estará en control y administración de los sujetos obligados a partir de un diagnóstico que se redujo a “simplificación orgánica” y buscando reducir costos (dudo que suceda); se estableció e impuso desde la Constitución federal un modelo sin un diagnóstico integral; desde posiciones polarizadas que no permitieron la creación de un modelo de acceso a la información que respondiera a la búsqueda, disposición y difusión de información diametralmente distinta de hace 25 años. Hay más información significativa, y de fácil acceso, fuera de los portales de transparencia.
El nuevo modelo de acceso a la información pública es ahora desde y para el poder, que por naturaleza tiende a protegerse (por ello son necesarios los contrapesos).
Desde esta realidad y condiciones, con un mea culpa evaluando qué nos llevó a no alcanzar los objetivos originarios, es necesario y apremiante imaginar y diseñar caminos y medios desde los sujetos del derecho, e incluso, plantear los más viables donde todos ganan, y en particular, confianza para los objetivos iniciales.
¿Y si planteamos una ruta en la que nos liberemos de posiciones polarizadas y polarizantes, para caminar, colaborativamente, para que los sujetos obligados descubran y aprecien las virtudes (virtus = poder, fuerza) de ser transparentes, garantizando el derecho de acceso a la información?