La iniciativa “Cero sustancias al volante” impulsada por la diputada Alejandra Giadans Valenzuela pone sobre la mesa una discusión que durante años fue ignorada por las autoridades y por buena parte de la sociedad: manejar bajo los efectos de drogas representa un peligro tan grave como hacerlo en estado de ebriedad. Mientras las campañas de prevención se concentraron casi exclusivamente en el alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas quedó atrapado en una peligrosa zona gris legal que hoy exige una actualización urgente.
La realidad es simple: cualquier sustancia que altere la percepción, el tiempo de reacción o la capacidad de tomar decisiones convierte a un conductor en un riesgo potencial para peatones, pasajeros y otros automovilistas. No importa si se trata de drogas ilegales, medicamentos controlados o sustancias recreativas; el problema no es únicamente el consumo, sino la irresponsabilidad de ponerse detrás del volante con las facultades disminuidas. Ahí radica el verdadero fondo de la propuesta.
Uno de los mayores aciertos de esta iniciativa es precisamente separar el debate ideológico sobre el consumo personal del tema de seguridad pública. La discusión no debería centrarse en juzgar estilos de vida o preferencias individuales, sino en proteger vidas humanas. Una persona puede tomar sus decisiones en el ámbito privado, pero en el momento en que conduce bajo efectos que alteran su capacidad, deja de ser un asunto personal para convertirse en un problema colectivo.
También resulta acertado que la propuesta contemple pruebas de saliva para detectar sustancias psicoactivas. Durante mucho tiempo, las autoridades de tránsito carecieron de herramientas eficaces para actuar frente a conductores drogados, lo que generaba vacíos legales y una sensación de impunidad. Incorporar este tipo de mecanismos no representa un exceso de autoridad, sino una modernización lógica de las políticas de seguridad vial, especialmente cuando países como España, Reino Unido y Australia ya han demostrado resultados positivos con esquemas similares.
Otro punto importante es homologar las sanciones con estándares internacionales. Durante años, en México se minimizó el impacto de conducir bajo efectos de drogas porque culturalmente el foco estuvo únicamente en el alcohol. Sin embargo, diversos accidentes fatales han evidenciado que las sustancias psicoactivas también provocan tragedias. Mantener una legislación rezagada frente a esa realidad sería cerrar los ojos ante un problema que crece silenciosamente.
La propuesta también envía un mensaje contundente al endurecer las penas cuando existan homicidios o lesiones provocadas bajo el influjo de sustancias. No puede seguir considerándose un simple accidente aquello que ocurre cuando una persona decide conscientemente manejar en condiciones alteradas. Existe una responsabilidad directa en poner en peligro a terceros, y la ley debe reflejar con claridad la gravedad de esas decisiones.
Por supuesto, toda iniciativa de este tipo debe acompañarse de protocolos claros, capacitación policial y mecanismos que eviten abusos o arbitrariedades. La aplicación de pruebas debe ser transparente y respaldada técnicamente para garantizar certeza jurídica. De lo contrario, una buena intención podría terminar generando desconfianza social. La clave estará en equilibrar prevención, legalidad y respeto a los derechos ciudadanos.
Jalisco necesita avanzar hacia una cultura vial más responsable y menos permisiva frente a conductas que ponen vidas en riesgo. La iniciativa “Cero sustancias al volante” abre una discusión incómoda, pero necesaria. Porque así como hoy resulta socialmente inaceptable conducir alcoholizado, también debe entenderse que manejar bajo efectos de drogas representa una amenaza real para todos. Modernizar las leyes no resolverá por sí solo el problema, pero sí puede convertirse en un paso importante para salvar vidas y construir una sociedad más consciente de las consecuencias de sus actos.