Durante la administración morenista del llamado Profe Michel, Puerto Vallarta logró algo que hoy parece un recuerdo lejano: mantenerse como uno de los municipios con mejores índices de seguridad no solo en Jalisco, sino a nivel nacional. En un país marcado por la violencia, el puerto turístico era una excepción que se presumía con datos y no con discursos. No era suerte ni casualidad; era resultado de una estrategia clara, coordinación institucional y presencia permanente de las autoridades.
La tranquilidad que se vivía en Vallarta se construyó con trabajo diario, inteligencia policial y una relación funcional entre el municipio, el estado y la federación. Esa fórmula permitió que habitantes, comerciantes y turistas caminaran con confianza por calles, playas y zonas turísticas. La seguridad se convirtió en uno de los principales activos del destino, tan valioso como su belleza natural o su oferta turística.
Hoy, a poco más de un año del inicio del gobierno municipal encabezado por Luis Munguía, emanado del Partido Verde, la realidad es otra muy distinta. Los índices de inseguridad se han disparado de manera preocupante y la percepción de tranquilidad comienza a desmoronarse. Los hechos violentos ya no son aislados ni excepcionales; se han vuelto recurrentes y alarmantes.
El problema no es menor. Cuando un destino turístico empieza a perder la percepción de seguridad, pierde competitividad, inversión y confianza. Puerto Vallarta vive del turismo, y el turismo huye del miedo. Cada hecho violento no solo lastima a una familia o a una colonia, también golpea la imagen del puerto ante el país y el mundo.
La seguridad pública no se resuelve volteando a otro lado ni minimizando los problemas. Tampoco se corrige con discursos optimistas o publicaciones en redes sociales. Requiere estrategia, presencia, inversión y, sobre todo, coordinación real entre los tres niveles de gobierno, una coordinación que hoy parece haberse roto o simplemente abandonado.
Mientras la inseguridad avanza, el alcalde parece más concentrado en eventos de socialité, en la foto, en el protagonismo mediático y en imponer nuevos cobros a los ciudadanos, que en atender un tema que afecta directamente la vida diaria de los vallartenses. La prioridad de un gobierno municipal debería ser clara: garantizar seguridad antes que cualquier otro proyecto.
Los comerciantes comienzan a resentir la caída de clientes, los ciudadanos viven con mayor temor y los visitantes ya no perciben a Vallarta como ese destino seguro que fue durante años. El deterioro es silencioso, pero constante, y si no se atiende a tiempo, puede volverse irreversible.
Puerto Vallarta es un destino de primer nivel y merece un gobierno a la altura de su gente y de su importancia económica. La seguridad no admite distracciones ni frivolidades. Cuidar a los ciudadanos y proteger al puerto no es una opción política, es una obligación. Ignorar la realidad hoy puede costar muy caro mañana.