La reciente polémica sobre los envíos de petróleo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a Cuba dejó en evidencia un problema que va más allá de cifras: la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Según los datos que la propia empresa mexicana presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los hidrocarburos enviados a la isla entre enero y septiembre de 2025 sólo sumarían 400 millones de dólares.
Sin embargo, registros aduanales y plataformas independientes de comercio exterior muestran otra historia: durante el mismo periodo los envíos reales superaron los 3 mil 48 millones de dólares en valor, producto de cerca de 60 operaciones desde Coatzacoalcos, Veracruz, hacia la empresa estatal cubana Coreydan. Esto implica que solo se reportó ante la SEC el 13% del valor total, dejando fuera más del 87% de los movimientos reales.
No se trata simplemente de números grandes o pequeños: se trata de la confianza ciudadana. Cuando una empresa estatal —que maneja recursos públicos por billones de pesos— elige no reportar la totalidad de sus operaciones, deja un vacío donde florecen la desinformación y la duda. ¿Por qué esta omisión? ¿Qué se está escondiendo bajo la etiqueta de “ayuda humanitaria”?
El argumento oficial es que algunos de estos envíos pueden entenderse dentro de un marco de cooperación con Cuba. Pero cuando el valor real de los cargamentos triplica —y más— lo declarado, deja de ser una simple entrega de productos para convertirse en un intercambio comercial de enorme magnitud que pocos comprenden y muchos cuestionan.
Peor aún, PEMEX ha utilizado para estas operaciones una filial —Gasolinas Bienestar— que, según la propia empresa, no está sujeta a las mismas obligaciones de transparencia que la matriz, alegando que es un tema “privado”. Esto abre aún más interrogantes: si se trata de recursos públicos, ¿por qué no se exige rendición de cuentas? La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y a quién se destina el dinero de todos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la legalidad de estas operaciones y minimizado las cifras, insistiendo en que México actúa dentro del marco de la ley. Pero minimizar o maquillar datos no es transparencia. Más aún cuando organizaciones especializadas y analistas independientes han documentado con precisión los volúmenes y valores reales de los embarques.
La opacidad de estos números tiene consecuencias concretas. Por un lado, afectan la percepción internacional de México en el ámbito comercial y diplomático, especialmente con un socio como Estados Unidos, donde estos reportes financieros son una obligación legal para las empresas que cotizan o reportan operaciones. Por otro lado, desvía la atención de los problemas internos: en un país donde el costo de la energía impacta directamente en la economía de las familias, resulta difícil explicar la lógica de enviar hidrocarburos a terceros sin claridad sobre mecanismos, beneficios o precios reales.
Al final del día, la transparencia no es un lujo ni una opción: es un principio básico de cualquier gobierno que se diga responsable ante su gente. Más allá de etiquetas como “ayuda humanitaria”, los mexicanos merecemos una explicación clara, cifras completas y un estado de cuentas que refleje la realidad. Porque la falta de información no solo es opacidad, es una falta de respeto a quienes pagamos esos recursos con nuestro trabajo y nuestros impuestos.