El eventual traslado del contralmirante Fernando Farías Laguna de Argentina a México no sólo representa un movimiento dentro de una investigación por el llamado huachicol fiscal, sino que también pone sobre la mesa varias preguntas que, hasta ahora, no tienen una respuesta clara.
Una cosa es regresar a México para enfrentar un proceso por el probable delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y otra, muy distinta, que su información pueda convertirse en una pieza clave para que la Fiscalía General de la República (FGR) avance hacia otros integrantes de la presunta red delictiva denominada Los Primos.
Una de las interrogantes es si Farías Laguna podría acogerse a un criterio de oportunidad.
En las investigaciones de organizaciones criminales, la pieza más útil para las autoridades no siempre es quien aparece en la primera línea del expediente, sino quien conoce cómo funcionaba la operación, quién daba las órdenes, quién facilitaba los movimientos y quién recibía los beneficios.
Al día de hoy, el caso ha involucrado a marinos, empresarios y personal relacionado con operaciones aduaneras. También se ha hablado de la introducción de buques tanque con combustible a distintas aduanas marítimas del país y de las ganancias millonarias que presuntamente generaba este esquema.
Pero la pesquisa también ha colocado en una posición incómoda al ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, se encuentra interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano y ha pedido que la FGR cite a comparecer al ex titular de Marina.
Sostiene que él y su hermano habrían alertado a su tío sobre la existencia de la organización identificada como Los Primos.
Sin embargo, la FGR, hasta ahora, no ha citado al ex secretario.
OPERACIÓN POLÍTICA
El eventual traslado ocurre mientras el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en Argentina. El funcionario ha liderado los trabajos de investigación relacionados contra el huachicol.
La pregunta que también está en el aire es si Harfuch operó políticamente el regreso del contralmirante.
El caso Farías, sumado al asunto del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, también puede terminar alimentando la percepción de que la justicia está siendo selectiva.
La FGR sostiene que en el país existen distintas redes dedicadas al contrabando de combustibles.
La pregunta ya no es solamente quiénes son los detenidos, sino si todos los involucrados están siendo investigados bajo el mismo rasero.
RUBÉN MOSSO