La política no es juego de azar, aunque algunos la conduzcan como si bastara esperar la carta correcta. Para algunos autores y otros actores es el trabajo por la comunidad para lo cual se accede al poder.
La clausura de 13 casinos y el operativo del Buen Fin confirman que los gobiernos federal y capitalino no apuestan por la suerte sino por un proyecto de colectividades en diálogo con una contemporaneidad incluyente y una capacidad para combatir también prácticas delictivas sofisticadas.
Los delitos financieros suelen perderse entre expedientes interminables, estructuras judiciales laberínticas y litigios diseñados para desgastar a la autoridad… y a las víctimas. Por ello, actuar contra un sector impunemente protegido por la propia complejidad administrativa y jurídica es un acto significativo por infrecuente.
Frente al abuso de la frontera entre entretenimiento y economía informal como refugio para el dinero opaco, la decisión de investigar y cerrar casas de apuestas por posibles esquemas de lavado y evasión fiscal envía un mensaje preciso respecto a la aplicación de la ley. Muchos aún desconocen cuántas veces se usan sus datos para abrir canales clandestinos de lavado de dinero sin que se enteren.
Investigar delitos financieros exige capacidades de rastreo de transacciones, inteligencia fiscal, análisis de estructuras de las sociedades delincuenciales, cooperación entre dependencias y regulación consistente. Se necesita un equipo de analistas, contadores forenses, abogados especializados y sistemas de información capaces de reconstruir el movimiento del dinero, como lo ha hecho la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Las investigaciones y clausuras de casinos no resuelven por sí solas el lavado de dinero, pero representan una intervención sobre un sector donde la opacidad se volvió práctica cotidiana y la informalidad sofisticada —revestida de permisos, franquicias y estructuras corporativas— resultaba difícil de fiscalizar. Las clausuras son una advertencia clara de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el delito: las zonas grises dejarán de ser espacios cómodos de la ilegalidad.
En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompaña esta lógica con un despliegue de seguridad para el Buen Fin y el combate al fraude y la extorsión. Es tiempo de crear una “identidad de compras” donde capacidad institucional preventiva y autocuidado ante la amenaza de la delincuencia habitante del espacio digital converjan en esta y cualquier temporada.
Estrategias ciudadanas y gubernamentales reducen riesgos y fortalecen la idea de corresponsabilidad. Mirarlas como eventos aislados sería perder la oportunidad de entender el esfuerzo por cerrar grietas.
Ese es, quizá, el verdadero buen fin... del lavado en casinos