Si el fallo del jurado de Brooklyn resultó devastador —también a la reputación política de personajes e instituciones encubridoras durante dos sexenios—, la demanda de cadena perpetua contra Genaro García Luna y las razones esgrimidas por la fiscalía exhiben el desastre ético político de las fuerzas alineadas con él por doce años.
Entre el 2006 y el 2012 al fenómeno delincuencial se le enfrentaba con un “arma" respecto de la cual el entonces presidente Felipe Calderón nunca se enteró —así lo sostiene— que su principal figura contra los delincuentes estaba aliada con algunos de ellos.
A juzgar por los elementos de prueba desplegados durante el juicio y desde el punto de vista de los ciudadanos constituidos como jurado, existió evidencia suficiente para encontrar culpable al ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, el segundo presidente panista.
El jurado validó las revelaciones sobre los millones de dólares recibidos de los cárteles a cambio de protección del gobierno de México durante ese sexenio.
Además de la cadena perpetua, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide una multa de al menos 5 millones de dólares. “Es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y adicciones que facilitaron, y su traición a los pueblos de México y los Estados Unidos”, afirmó el Fiscal Breon Peace. El juez federal Brian Cogan notificará su sentencia el 9 de octubre. Apenas antier hubo una carta para regocijo momentáneo de la oposición aplastada ahora por la nueva noticia.
¿Es una demostración contundente de la inconsistencia ética y política de la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo es, cuando menos, de la élite relacionada con la administración calderonista. El PAN y Calderón prefirieron omitir las advertencias de corrupción. Lo abrigaron y encumbraron.
El juicio y la muy próxima sentencia no solo se dirige a la persona, también se agrega como invalidación de la presunta legitimidad pragmática de una estrategia de confrontación de dura torpeza convergente con la hipocresía y la corrupción.
En esta gestión sexenal finalmente se inició la inflexión de la previa curva ascendente de muertes dolosas. Tan solo en el sexenio de AMLO, según el informe presentado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se detuvo a 94 mil 240 delincuentes, incluidos 12 mil 319 de organizaciones criminales y de ellos 8 mil 509 considerados objetivos prioritarios. Para no hablar de la CdMx, donde de acuerdo con los datos expuestos por el jefe de Gobierno, Martí Batres, han sido capturados más de 2 mil 700 generadores de violencia.
Las encuestas del Inegi, como la Envipe presentada ayer, exhiben avances, una mejor percepción ciudadana, mayor confianza y expectativas positivas sobre la seguridad por venir, en lo federal con la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, como en la capital nacional con Clara Brugada.
No será una guerra frontal contra el crimen. La inteligencia policial y la disposición de servicio marcarán diferencias.